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En medio del proceso electoral que está en marcha, una dura polémica desató en el departamento del Magdalena por cuenta del nombramiento que se hizo de Andrés Rúgeles como alcalde encargado de Santa Marta.
Recientemente, la sección quinta del Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento de Rúgeles como mandatario de la capital del Magdalena. En su decisión, se ordenó revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena del pasado 2 de julio de 2019 y, en su lugar, declárase la nulidad del Decreto 570 del 1 de abril de 2019, con el que se hizo efectivo ese nombramiento.
De acuerdo al fallo, en el nombramiento no se tuvo en cuenta lo expresado por la ley, lo cual, para este caso, indica que se debió escoger un alcalde encargado a partir de una terna presentada por Fuerza Ciudadana, movimiento al que pertenece el alcalde Rafael Martínez, quien fue vinculado a un proceso judicial por corrupción, pero quedó en libertad.
“No era procedente que el presidente de la República suspendiera del cargo al alcalde titular por no encontrarse ejecutoriada la medida de aseguramiento impuesta en su momento por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta, de manera que no tenía competencia y era aplicable el artículo 105 de la Ley 136 de 1994, vigente y que no fue derogado con ocasión de la Ley 906 de 2004 (CPP), posición respaldada por la Corte Constitucional a través de sentencia C-576 de 2004”, indicó el Consejo de Estado.
Sobre el tema, Carlos Caicedo, líder del movimiento y actual candidato a la gobernación del Magdalena, dijo que esta situación demuestra una persecución contra Fuerza Ciudadana.
“Hay desprecio a la voluntad electoral del pueblo de Santa Marta. Durante meses vivimos un gobierno de facto por presiones de los clanes tradicionales con inocultables intereses económicos”, insistió.
Asimismo, el aspirante a la Gobernación por Fuerza Ciudadana fue categórico al afirmar que el fallo deja claro que la Presidencia solo podía designar un alcalde si se confirmaba la medida de aseguramiento en contra del alcalde Martínez.
“El movimiento está evaluando acciones judiciales contra las decisiones que tomó el alcalde ilegitimo que posaba además de Secretario de Transparencia pero que no dijo nada ante las turbias acciones que facilitó en Santa Marta”, dijo.
Todo parece indicar que la pelea por el caso de Rafael Martínez seguirá en Santa Marta en medio del debate electoral en marcha.
