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En una entrevista con La FM de RCN, el abogado Víctor Mosquera, representante legal de Miguel Uribe, reveló que entre 2021 y 2024 se radicaron al menos 40 solicitudes de protección y refuerzo del esquema de seguridad del senador del Centro Democrático, todas ellas desatendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Desde hace más de tres años se venía alertando al Gobierno sobre el alto riesgo que corría Miguel Uribe. Se hicieron solicitudes de protección fuera de Bogotá, de aumento en el pie de fuerza y de reforzamiento del esquema. Todo fue ignorado”, afirmó Mosquera.
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El abogado explicó que hay dos tipos de responsabilidad que deben esclarecerse tras el atentado ocurrido el pasado sábado contra el senador. Una por acción, relacionada con los autores materiales e intelectuales del ataque, y otra por omisión, atribuida al Estado colombiano.
“Ya tenemos al autor que desarrolló esta actividad criminal, pero faltan los determinadores. Al mismo tiempo, estamos señalando un fallo en el servicio por parte del Estado, que fue negligente con la vida de Miguel”, denunció.
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Omisión y politización en el análisis de riesgo
Uno de los señalamientos más graves de Mosquera se dirige al actual director de la UNP. Según él, se ha intentado desinformar a la opinión pública al asegurar que esa entidad no sabía que Miguel Uribe era precandidato presidencial.
“Es completamente falso que no estuvieran enterados. En la entrevista anual que toda persona protegida debe rendir ante la UNP, Miguel Uribe dijo expresamente que era precandidato presidencial, explicó sus riesgos y señaló a posibles atacantes”, indicó el abogado.
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Además, Mosquera recordó que el estudio de riesgo elaborado por la propia UNP señalaba amenazas históricas contra la familia del senador por parte del narcotráfico, las FARC y el M-19, grupo al que perteneció el actual director de la entidad.
“Ese funcionario, por ética y legalidad, debió declararse impedido para participar en decisiones sobre el riesgo de Miguel Uribe. No hacerlo, y participar activamente en esas decisiones, convierte el proceso en uno politizado, en lugar de técnico”, añadió.
Decisiones sin justificación
Mosquera también cuestionó la manera en que se definió el número de escoltas asignados a Uribe. Según explicó, la resolución no incluía ninguna justificación técnica sobre por qué se aprobó ese número y no uno mayor.
“La Corte Constitucional ha sido clara, los estudios de riesgo deben estar debidamente motivados y reflejar el nivel real de amenaza. En el caso de Miguel, no se explicó nada. Se le asignó una seguridad insuficiente, sin fundamentos”, advirtió.
Al ser consultado por cuántos escoltas acompañaban a Uribe el día del atentado, Mosquera prefirió no dar detalles, argumentando que la investigación está en curso, aunque insistió en que el esquema era “claramente insuficiente para un líder de oposición con alta visibilidad”.
Piden protección máxima para el sicario detenido
Sobre el proceso penal en curso contra el joven capturado tras el atentado, Mosquera confirmó que ya se han presentado como representantes de víctimas. El abogado explicó que están colaborando con la Fiscalía para obtener toda la información del autor material, quien, según dijo, ya está proporcionando datos relevantes.
“Lo importante es que esa colaboración permita identificar a los determinadores del crimen y se garantice que no haya impunidad. Hemos solicitado máxima protección para el sicario y su familia dentro del programa de testigos”, señaló.
No obstante, el abogado expresó su insatisfacción con los beneficios jurídicos a los que podría acceder el menor implicado.
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“Personalmente no estoy de acuerdo con la ley que permite beneficios cuando un menor comete un acto de adulto, debería responder como adulto. Pero es la norma vigente y la Fiscalía la está aplicando de forma adecuada”, matizó.
Críticas al presidente Petro por declaraciones
En otro momento de la entrevista, Mosquera cuestionó el papel del presidente Gustavo Petro en la comunicación pública del caso. Aseguró que el Ejecutivo ha intentado asumir funciones propias de la Fiscalía, lo que, según él, podría afectar la investigación.
“El presidente no puede convertirse en vocero de los hallazgos. Debe dejar que sea la Fiscalía quien entregue la información. Politizar este proceso solo pone en riesgo su credibilidad y eficacia”, puntualizó.
