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Sin embargo, varios senadores advirtieron que esta maniobra pudo haber viciado el resto de iniciativas que se votaron, ya que la Constitución establece que los proyectos de implementación de los acuerdos de paz no solo tienen prioridad en el orden del día, sino que tienen que discutirse y votarse primero que todos los demás.
El senador Armando Benedetti advirtió que “la plenaria no está por encima de la Constitución y todos los proyectos que se hayan votado están viciados. Queda muy claro que no se puede tocar ningún proyecto de ley ni nada que no sea del Fast Track hasta que se decida sobre el proyecto en cuestión y hoy no se decidió nada”.
La misma tesis tiene el senador Carlos Fernando Motoa, presidente de la Comisión Primera, quien advirtió que habría demandas de inconstitucionalidad en contra de varios proyectos.
“Es absolutamente claro que los proyectos de paz tienen absoluta prelación y no se podrá someter ningún otro asunto mientras no se resuelva ese proyecto en la Cámara o Comisión respectiva”, manifestó.
Y dijo que "el proyecto fue aplazado, la plenaria del Senado no puede desconocer un artículo constitucional y yo si creería que los proyectos que se aprobaron en esta sesión tiene vicio de inconstitucionalidad”.
El senador José Obdulio Gaviria, durante la sesión leyó textualmente lo que establece el acto legislativo por la paz en su artículo 1, numeral B:
“Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz tendrán trámite preferencial. En consecuencia, tendrán absoluta prelación en el orden del día sobre cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él”, manifestó.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, respondió y negó que la actuación de toda la plenaria se haya viciado.
“Por supuesto todo lo que se hizo es legal, lo que dice la ley de Fast Track es que la plenaria debe tomar una decisión y la decisión fue aplazar por votación nominal y pública para el martes”, aseguró.
Varios congresistas han insistido en la posibilidad de que los partidos tradicionales puedan presentar candidatos para esas 16 nuevas circunscripciones en la Cámara de Representantes.
