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Ante la complejidad de la situación de orden público en el Catatumbo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó un nuevo balance, asegurando que esta podría ser la mayor crisis humanitaria que ha vivido Norte de Santander, ya que las cifras de desplazados y muertos es alarmante.
“En tan solo cuatro días se reportan 11.000 personas desplazadas y pueden pueden ser muchas más. Los municipios más afectados por esta situación son Teorama, El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y San Calixto. ”, explicó la defensora del Pueblo.
Según la funcionaria, continúan los secuestros y el amedrentamiento general contra la población civil, quienes son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas a integrantes de los grupos armados.
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“Entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes de paz y personas de especial protección constitucional, incluyendo niños y niñas. Hay muchos menores desplazados, bebés confinados o secuestrados, personas con discapacidad, mujeres gestantes, indígenas y personas con necesidades especiales en salud”, afirmó Iris Marín.
A esto se suman las cifras de 80 muertos, 20 heridos y más de 20 secuestrados, situaciones que siguen en aumento con el pasar de las horas.
“La responsabilidad de estos hechos puede estar en unas pocas personas, esas pocas personas tienen la posibilidad de parar el sufrimiento generalizado del Catatumbo”, fue el llamado que hizo la defensora del Pueblo a los grupos ilegales.
Justamente la funcionaria se reunió en las últimas horas con alcaldes del Catatumbo, organizaciones sociales y visitó los albergues. En medio de esa jornada todos los sectores le pidieron que hiciera una petición al ELN y las disidencias para que respeten el derecho internacional humanitario.
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“Se solicita en primer lugar fortalecer la respuesta institucional bajo los principios de coordinación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas de la ley 1448 de 2011 y con aplicación reforzada de los principios de concurrencia y subsidiariedad del nivel de la gobernación y el nivel nacional ampliar la capacidad de Medicina legal para atender las necropsias de los cuerpos que se han podido extraer. Protección integral a los alcaldes y los personeros, personeras, alcaldesas”, sostuvo.
Finalmente, la defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió que se permita el paso de las ayudas humanitarias y se abran corredores que permitan la salida de la población que aún está confinada.
