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El jefe de la delegación de paz del Gobierno, Humberto de La Calle, envió un mensaje desde Cuba en el pretendió acabar con las dudas existentes sobre el blindaje jurídico que tendrá la mesa de negociación.
Escuche las declaraciones del jefe de la Delegación de Gobierno:
El negociador señaló que la puerta está abierta para la discusión, pero que cualquiera que sea el mecanismo a implementar, no podrá suprimir la refrendación que harán los colombianos, ya que ese es un compromiso adquirido.
"En efecto, tanto en la Mesa de La Habana como fuera de ella, se han planteado algunas ideas, que van desde la caracterización del posible Acuerdo Final al que se llegue como un acuerdo especial a la luz de las normas del Derecho Internacional Humanitario. O también otra idea, la incorporación al llamado bloque de constitucionalidad del Acuerdo y una tercera, una declaración del Gobierno comprometiéndose ante Naciones Unidas a respetar y cumplir lo pactado. Son ideas".
Sin mencionar al exfiscal Eduardo Montealegre, se refirió a su demanda que fue aceptada por la Corte Constitucional y una vez más dijo que no se pueden suprimir las funciones de las instituciones.
"La calificación como acuerdo especial, a nuestro juicio, exige el cumplimiento de requisitos internos propios del Estado de Derecho. Creemos que la discusión sobre estas y otras ideas, no puede permitir que se pretermitan las competencias del Congreso y de la Corte Constitucional, de los órganos instituidos, de la institucionalidad colombiana".
De La Calle agregó que "no puede haber una especie de reforma constitucional en la sombra, una reforma a espaldas de los elementos esenciales de nuestro Estado de Derecho, o más categóricamente: la Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución".
Lea la declaración completa
"Declaración Jefe de la Delegación de Gobierno de Colombia
Humberto de la Calle
Un cordial saludo desde La Habana.
Ha surgido una discusión en torno a diversos mecanismos que han sido propuestos para darle seguridad jurídica a lo que se acuerde en La Habana. Incluso, la Corte Constitucional ha admitido una demanda relacionada con esta materia.
Para dar claridad a la opinión pública sobre esta situación, he querido expresar a ustedes las siguientes reflexiones:
En efecto, tanto en la Mesa de La Habana como fuera de ella, se han planteado algunas ideas, que van desde la caracterización del posible Acuerdo Final al que se llegue como un acuerdo especial a la luz de las normas del Derecho Internacional Humanitario, o también otra idea, la incorporación al llamado bloque de constitucionalidad del Acuerdo y una tercera, una declaración del Gobierno comprometiéndose ante Naciones Unidas a respetar y cumplir lo pactado. Son ideas.
En primer lugar, la idea de afianzar o lograr que una vez se llegue a un Acuerdo este sea estable y vinculante es un propósito compartido tanto por las FARC como por el Gobierno. La búsqueda de la estabilidad de lo pactado es un objetivo compartido. En ese orden de ideas, hemos estado abiertos a considerar uno o varios de esos mecanismos con ese mencionado propósito: la búsqueda de estabilidad y de seguridad jurídica.
Por esa razón, quiero informar que este es un tema que está siendo discutido y que la Delegación del Gobierno no ha cerrado la puerta en relación con esa discusión. Ese es el punto de partida, pero quiero agregar algo: en el marco en el que debe desenvolverse esta discusión, a juicio de esta Delegación, deben aparecer con claridad algunos conceptos básicos:
En primer lugar, la herramienta que se adopte deberá mantener clara la voluntad expresada por el Gobierno de acudir a una refrendación popular de lo que se pacte. Hemos dicho que los colombianos tendrán la última palabra y lo cumpliremos. Para esta Delegación, ese es un compromiso firme. Por lo tanto, cualquier interpretación en el sentido de que la discusión sobre estas ideas que mencioné puede llegar a implicar que desaparezca el compromiso de la refrendación popular es inexacta. Repito: ese es un compromiso firme.
En segundo lugar, la calificación como acuerdo especial, a nuestro juicio, exige el cumplimiento de requisitos internos propios del Estado de Derecho. Creemos que la discusión sobre estas y otras ideas, no puede permitir que se pretermitan las competencias del Congreso y de la Corte Constitucional, de los órganos instituidos, de la institucionalidad colombiana.
Por decirlo quizás de una forma más gráfica: no puede haber una especie de reforma constitucional en la sombra, una reforma a espaldas de los elementos esenciales de nuestro Estado de Derecho. O más categóricamente: la Mesa de La Habana no tiene el poder de reformar por sí misma la Constitución.
Lo conveniente es que, como se ha hecho hasta ahora, el Presidente sea el responsable de las negociaciones. Esta es además una competencia suya como Jefe del Estado. Una vez se logre el Acuerdo Final, deberán tener lugar los balances propios de la democracia. Será el momento del cuerpo ciudadano, o del Congreso, el momento de la Corte Constitucional.
No le conviene a Colombia alterar ese orden. Provocar una decisión ahora, de carácter judicial, sobre la naturaleza hipotética de un acuerdo humanitario en relación con el ya suscrito Acuerdo General, buscar una solución de esa naturaleza en la Corte Constitucional, puede terminar predeterminando decisiones sobre el Acuerdo Final, el cual aún no existe. Aún no tenemos un Acuerdo Final. Anticipar judicialmente esta discusión es un error. La secuencia que indica la democracia colombiana es la correcta. El Jefe del Estado discute con las FARC, una vez logre un Acuerdo, lo repito entran los balances de la democracia: el cuerpo ciudadano, el Congreso y la Corte Constitucional.
Además, no es conveniente despedazar el Acuerdo y abrir la puerta a múltiples demandas antes de concluir las conversaciones entre las partes. Cuando el Acuerdo General, suscrito con las FARC, dice que nada está convenido mientras no esté todo convenido, establece principios esenciales. En primer lugar, los acuerdos se discuten en la Mesa y, en segundo lugar, la valoración política y jurídica de lo que se logre debe hacerse de manera completa e integral. Estos caminos anticipados realmente arriesgan el logro del Acuerdo Final y anticipan una enorme posibilidad de multiplicidad de demandas que terminan finalmente atentando contra el propio Acuerdo.
Para la Delegación del Gobierno en La Habana, la innovación y la creatividad jurídica pueden ser muy útiles. Pero la real validez y sostenibilidad de lo que se acuerde aquí depende fundamentalmente de lograr un grado amplio de aceptación entre los colombianos.
Muchas gracias."
