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A final del 2023, la Corte Constitucional consideró que, tras veinte casos de tutela de líderes sociales reclamando por garantías de seguridad por amenazas y hechos de violencia en su contra, la Nación no dio cumplimiento a las ordenes emitidas en esos procesos, por lo que ese tribunal declaró el Estado de Cosas Inconstitucional
Entre los expedientes, el punto común corresponde a que se registraron vulneraciones con respecto a falta de medidas de protección que debían ser asignadas por el Estado.
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Frente a estos casos, la Corte Constitucional consideró que la situación de seguridad de los líderes sociales puede corresponder a fallas estructurales que no se han resuelto por falta de voluntad y no por falta de capacidad.
"Tales circunstancias, que pueden obedecer a la falta de voluntad institucional para dialogar e interactuar conjuntamente, exige de las autoridades un esfuerzo por ajustar sus propios comportamientos. A juicio de la Corte ello puede contribuir efectivamente a enfrentar las fallas estructurales aquí detectadas”, menciona el comunicado.
Las entidades que fueron objeto de una orden emitida por esa corte, están Ministerio de Defensa, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General.
Una de las órdenes generales que deben cumplir estos organismos, es estructurar un plan de acción para garantizar la seguridad de los líderes sociales, el cuál deberán presentar al despacho del magistrado José Fernando Reyes, en un plazo de seis meses.
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Además las entidades como la Unidad Nacional de Protección tendrían hasta los primeros días del 2024 para cumplir con las medidas de protección en los veinte casos y, además, a la Fiscalía para que inicie las investigaciones para encontrar a los presuntos responsables de las amenazas y ataques a los líderes.
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