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Cuando la hija de seis años de Claudia Morales le pregunta a su madre sobre sus escoltas, la periodista colombiana afirma que son colegas. "Ella es muy chica para entender", Morales, quien trabaja desde la pequeña ciudad de Armenia para Caracol Radio de Bogotá, indicó al CPJ en una entrevista telefónica. Vicky Dávila, la directora del noticiero de LA F.m. Radio, quien también tiene protección señaló que su hijo de catorce años tiene miedo y ha preguntado porque no abandonan su casa en Bogotá.
Las preocupaciones de las periodistas por su propia seguridad tienen mucho que ver con un aluvión de correos electrónicos enviados desde una cuenta anónima entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre que alegaron que Morales y Dávila estaban siendo vigilados por integrantes de la Policía Nacional de Colombia. "Hay fotos tuyas, de tu esposo, y de tus hijos", sostuvo uno de los correos, enviado el 1 de diciembre. Otros correos advirtieron a la periodista: "Ten mucho cuidado", y citaron que los responsables del espionaje tenían vínculos con narcotraficantes y sicarios.
El viacrucis del fiscal que investiga las 'chuzadas' a periodistas
La supuesta vigilancia ha reavivado la memoria sobre una serie de escándalos que ha estremecido al país durante la última década. Desde 2009, periodistas colombianos que han sido víctimas de vigilancia y espionaje ilegal han tomado medidas para prevenir que sus teléfonos o correos electrónicos sean interceptados. Vigilancia y espionaje ilegal se han convertido en una amenaza grave para la libertad de prensa y fuentes confidenciales han corrido más riesgos como resultado, según las investigaciones del CPJ.
En las semanas antes de que Dávila y Morales (también columnista del diario El Espectador) comenzaran a recibir los correos anónimos, las periodistas habían estado cubriendo informes sobre denuncias de ascoso sexual, corrupción y prostitución en la policía.
El 3 de diciembre, la Fiscalía General de Colombia abrió una investigación criminal sobre supuesto espionaje contra las periodistas, según informes de prensa. Entre la evidencia que está siendo analizada figuran más de 90 correos enviados a Dávila, que proporcionan detalles de las vidas personales de ambas periodistas. El responsable de enviar los correos anónimos, quien indicó que trabaja para la policía, afirmó que la agencia de inteligencia tenía una sala especial para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Dávila y Morales afirmaron al CPJ que no existe manera de que mensajes personales y reuniones con fuentes que fueron citados en los mensajes puedan haber sido obtenidas sin algún tipo de vigilancia. Morales agregó que parte de la información sobre ella proviene de ocho años atrás. Los correos electrónicos, que fueron revisados por el CPJ, demuestran que otros tantos periodistas estaban supuestamente vigilados por la policía, incluyendo a Daniel Coronell, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de noticias de la cadena Univisión.
Omar Alberto Jaimes, director de comunicaciones de la Fiscalía General de Colombia, señaló al CPJ que había tomado las denuncias con seriedad, agregando que los correos electrónicos demuestran que "algo pasó". Añadió que el fiscal principal del caso, Daniel Ricardo Hernández, ha sido puesto bajo protección del gobierno luego de recibir amenazas de muerte por teléfono a su oficina y su casa.
Comisión de Santos sigue sin brindar respuestas sobre 'chuzadas' a periodistas: Flip
Los correos electrónicos anónimos acusaron a altos mando de la policía, incluyendo al Capitán Wilson Carvajal y al director de la policía nacional, General Rodolfo Palomino, de estar involucrados en la vigilancia de periodistas. En un comunicado el 14 de diciembre, Palomino afirmó que nunca daría órdenes para interceptar la comunicación de un periodista.
La policía también está realizando una investigación interna. El 22 de diciembre, el diario El Espectador publicó un comunicado de prensa de la Inspección General de la Policía Nacional en el que se anunciaba que Carvajal había pasado un examen de confiabilidad. El Inspector General afirmó que la policía estaba siguiendo una línea de investigación relacionada con un funcionario policial no identificado quien fue despedido por mala conducta y quien, según la policía, tendría vínculos con alguna de la información enviada a periodistas. La policía aseguró que había identificado una serie de perfiles falsos en las redes sociales utilizados para difamar a la institución, de acuerdo al comunicado.
-Intentos del CPJ por obtener comentarios públicos de la policía resultaron infructuosos-
El Presidente Juan Manuel Santos ha intentado distanciarse de los abusos relacionados con las acusaciones sobre vigilancia que tuvieron lugar en las administraciones de gobierno pasadas. Durante una ceremonia de graduación de oficiales de la policía el 7 de diciembre, la prensa publicó declaraciones del presidente: "En este gobierno no se chuza, ni persigue ilegalmente a ciudadanos, periodistas, ni críticos, se les dan todas las garantías". El 9 de diciembre Santos creó una comisión especial para investigar acusaciones sobre abuso policial, incluyendo espionaje ilegal, si bien Dávila, Morales y Coronell indicaron al CPJ que no creían que esa comisión tuviera suficiente capacidad para investigar o castigar ese tipo de abuso. La ministra de la presidencia, María Lorena Gutiérrez, quien es coordinadora de la comisión que investiga a la policía, no respondió pedidos del CPJ para efectuar comentarios.
Santos reitera que Palomino seguirá en su cargo pese a escándalo de 'chuzadas'
El CPJ ha documentado numerosos casos de interceptaciones ilegales contra periodistas en Colombia bajo el gobierno del Presidente Álvaro Uribe. En 2009, el CPJ informó sobre una masiva campaña de espionaje ilegal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el anterior servicio nacional de inteligencia. Más de 600 personas fueron blanco de espionaje ilegal en ese caso, incluyendo a periodistas, jueces, políticos de la oposición y funcionarios, según informes de prensa. Tras las revelaciones, el Presidente Santos, quien asumió por primera vez en 2010, firmó un decreto para disolver el DAS. En mayo pasado, el CPJ saludó la sentencia de dos ex altos funcionarios por sus roles en el espionaje ilegal.
Sin embargo, las recientes acusaciones de espionaje ilegal contra Dávila y Morales, sumado a otros escándalos de vigilancia controvertidos en los últimos dos años, sugieren que los periodistas aún son blanco de los complejos organismos de inteligencia colombianos.
En febrero de 2014 por ejemplo, la revista Semana reveló que los militares habían establecido un internet café bajo el nombre en código Andrómeda, que fue utilizado supuestamente para interceptar las comunicaciones de representantes del gobierno y de las FARC, así como también de periodistas. En octubre de 2014, la revista indicó que el Central de Inteligencia Militar mantenía una lista detallada de correos electrónicos de figuras públicas y conocidos periodistas colombianos e internacionales, la mayoría de ellos cubriendo el proceso de paz. El propósito de la lista, que incluía los correos electrónicos de Dávila y Morales, nunca estuvo claro, según los informes de prensa.
En CNN: chuzadas y seguimientos a periodistas en Colombia
La investigación sobre las recientes acusaciones de espionaje sigue en curso, pero la historia de la vigilancia y la preocupación sobre nuevas tecnologías se han sumado para crear un clima de inquietud que ha tenido un impacto directo sobre la práctica del periodismo en Colombia.
Coronell, quien fue víctima del espionaje del DAS, afirmó al CPJ que raramente realiza llamadas telefónicas a fuentes sensibles en Colombia por temor a la vigilancia de las comunicaciones. "Ha limitado mi trabajo, lo ha hecho más lento y difícil. Con frecuencia tengo que reunirme con fuentes de Colombia en otro país", advirtió. "En los últimos 10 años, especialmente durante el gobierno de Uribe aunque también hoy siento que estoy viviendo como en una película de espías de la Guerra Fría".
