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La Corte Constitucional anuló recientemente un fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que había suspendido un proyecto de la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa para instalar un radar y ampliar la estación de guardacostas en el Parque Nacional Natural de la Isla Gorgona, ubicado en el municipio de Guapi (Cauca).
El proyecto fue suspendido en abril de 2024 por el Tribunal, que exigió la realización de una consulta previa con la comunidad étnica de Guapi Abajo. Sin embargo, la Corte consideró que no existían pruebas suficientes de que las comunidades de la zona se verían afectadas directamente por la iniciativa, lo que desestimó la necesidad de la consulta.
La Corte subrayó que las comunidades de Guapi Abajo, separadas por 54 kilómetros de mar de la Isla Gorgona, no habían demostrado que el proyecto causaría un impacto directo sobre su bienestar.
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"No existe evidencia razonable y concreta, siquiera mínima, de la afectación directa a la comunidad accionante que se generaría con la ejecución del proyecto, lo que impide que se conceda el amparo solicitado", expresó la Corte.
En su decisión, el tribunal señaló que no se presentó evidencia mínima de afectación y cuestionó los argumentos de los pescadores que alegaban daños por la instalación del radar. Además, aclaró que la pesca, tanto industrial como ancestral, está prohibida en la isla, por lo que las afirmaciones sobre los efectos en los pescadores carecían de base.
“El uso que los pescadores hacen de la Isla Gorgona se circunscribe a emplear la playa como sitio de llegada y de descanso durante sus faenas de pesca, lo que se fundamenta en la lejanía que existe entre ciertos lugares de pesca y el territorio continental, más no a establecer alguna habilitación especial para la pesca (...) sin perjuicio del uso que la comunidad accionante efectúe de la Isla Gorgona”, señala uno de los apartes de la determinación.
El proyecto de la Armada, cuyo objetivo es fortalecer el control sobre las redes de narcotráfico que operan en el Pacífico, ha generado controversias tanto por las preocupaciones ambientales como por las tensiones con las comunidades locales.
La isla Gorgona es considerada un enclave estratégico para el narcotráfico, debido a su ubicación entre los municipios costeros de Tumaco y Buenaventura, ambos afectados por el narcotráfico y el crimen organizado.
Aunque el Tribunal Superior de Bogotá había cuestionado las licencias ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en 2015 y 2023, alegando que no se había realizado un estudio adecuado sobre la presencia de comunidades étnicas en la zona, la Corte desestimó estos argumentos.
La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior ya había certificado en 2015 que no era necesaria la consulta previa, al no detectarse comunidades étnicas en Gorgona.
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El proyecto también ha sido cuestionado por ambientalistas, que alertan sobre los posibles impactos del radar y la ampliación de la estación en el ecosistema marino y la salud de las especies locales, especialmente las anguilas de jardín.
