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El alto tribunal consideró que, además de que no hubo suficientes argumentos jurídicos para realizar dicha modificación, tampoco tiene la competencia para desarrollar este tipo de peticiones por parte de la administración distrital.
Señaló la corte en su escrito que “no puede proceder a autorizar, o no, la modificación de la fecha de la consulta popular definida por el mismo Distrito Capital, pues esa decisión escapa a su valoración como juez constitucional”.
Dentro de la acción que fue presentada por el alcalde Peñalosa había advertido que la consulta popular para el 13 de agosto podría generar una afectación a las arcas del Estado y por lo tanto era conveniente desarrollarla en marzo de 2018 cuando se desarrollen las elecciones del Congreso.
“Pese a que la solicitud del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. tiene que ver con el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas en la sentencia T-121 de 2017, el competente en las circunstancias actuales del trámite para valorar los elementos de conveniencia fiscal referidos no es esta Corte, no es el juez constitucional de tutela, no solo por el contenido de los mismos, sino porque el trámite de cumplimiento debe ser iniciado ante el juez de tutela de primera instancia, como claramente lo indican las reglas de la Corte de manera consistente y reiterada”, señala el documento.
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