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La Contraloría General de la República les puso la lupa a cuatro contratos, dos pertenecen a la alcaldía de Cúcuta y dos a la Gobernación del Departamento.
Según el organismo de control, los sobrecostos alcanzan hasta un 27%, en la firma del contrato entre la Administración municipal y la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito, cuyo valor asciende a los 1.687 millones de pesos para el suministro de 15 mil kits de alimentos.
Mariela Arévalo Álvarez es la representante legal del contrato, aunque esta cooperativa ha tenido contratos en las pasadas administraciones municipales.
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El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, sostuvo que "el proceso de contratación se realizó cumpliendo lo exigido por la ley, se solicitaron cotizaciones a diferentes empresas, tan pronto se conoció el valor de la compra, procedió a llamar a los oferentes".
Según el mandatario, "Cooguasimales envió la propuesta económica y los soportes que declaraban su idoneidad para la ejecución de la orden".
El otro contrato tiene relación con la suspensión de la secretaria de Salud del municipio, María Constanza Arteaga, por parte de la Personería.
Se trata del correspondiente a Soluciones y Proveedurías SAS, por $1.081 millones, para el suministro de insumos biomédicos y logísticos para la prevención, atención y contención de la COVID-19, en medio de la pandemia.
Dentro de esa contratación se cuestionaban el valor el litro de jabón antibacterial, que fue de $46.218, y un contenedor de residuos sólidos biológicos peligrosos por un costo la unidad de $525.000, aunque el mandatario local dijo que no hubo sobrecostos que se trata de una persecución política.
En cuanto a los contratos realizados por la Gobernación de Norte de Santander, uno de ellos tiene relación con la Unión Temporal Multipae 2020, por un valor de $5.956 millones, para el suministro de alimentos, bajo la modalidad de ración preparada en casa.
La Contraloría manifiesta que tiene indicios de que se presentan sobrecostos entre el 1% y el 14 %.
La empresa Unión Temporal, ya había firmado contratos con la Gobernación, quien manejó el Plan de Alimentación Escolar en 2019, igualmente se describe en la información proporcionada a la Contraloría, la mayoría de sus contratos los ha desarrollado en Santander.
Según se conoce, en el Secop la contratación se hizo bajo la modalidad de contratación directa y con los estándares permitidos dentro del decreto de Urgencia Manifiesta.
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El otro contrato, fue firmado con la Comercializadora Internacional de Productos Colombianos C.I. Procol S.A.S. para el suministro de kits alimentarios, se presumen sobrecostos por el orden del 8% que ascienden a $ 162’867.250.
Ante estas investigaciones, el gobernador Silvano Serrano explicó que "se tuvo en cuenta tres cotizaciones más, decantándose la de Procol S.A.S.". Asimismo dijo que, según la Contraloría, fue la de menor precio global, aunque al final se advierte un posible sobrecosto.
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