Contraloría alerta por baja ejecución de recursos del Sistema General de Regalías para grupos étnicos

La Contraloría General de la República advirtió sobre la baja ejecución de más de $1,5 billones del Sistema General de Regalías (SGR) destinados a grupos étnicos del país, lo que pone en riesgo su efectividad como instrumento para reducir brechas históricas.

Según el informe elaborado por la Dirección de Estudios Intersectoriales de Políticas Públicas Focalizadas y el Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal de Regalías, desde 2021 las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (NARP) no han desarrollado ningún proyecto con los recursos asignados. “Un 0% de ejecución en comunidades NARP desde la creación de esta asignación en 2021”, señala el documento.

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En los bienios anteriores, los pueblos indígenas ejecutaron $239.976 millones en 33 proyectos, mientras que el pueblo Rrom destinó $91.812 millones en 20 proyectos, aunque representa apenas el 0,006% de la población nacional. El informe advierte sobre la concentración de contratos en territorios y actores que no representan a toda la diversidad étnica.

La Contraloría identificó además diferencias en el funcionamiento de las instancias decisorias de cada grupo. “Durante el bienio 2023-2024, la instancia indígena ejecutó el 92% de su presupuesto de funcionamiento, mientras que la correspondiente al Pueblo Rrom apenas alcanzó un 28%, y las comunidades NARP no ejecutaron recursos”, agrega el informe.

Aunque en el bienio 2025-2026 hubo un aumento del 84% en la ejecución administrativa de las comunidades NARP, aún no han aprobado proyectos de inversión.

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El organismo  recomendó revisar los mecanismos de focalización geográfica y poblacional, fortalecer la planeación participativa con las comunidades y garantizar que la ejecución de los recursos respete principios de equidad, eficacia, eficiencia y autonomía de los pueblos étnicos. “El SGR debe consolidarse como una herramienta efectiva para cerrar brechas, promover la inclusión étnica y garantizar el desarrollo integral de los territorios excluidos”, concluyó la Contraloría.