Consejo de Estado rechaza demanda contra nombramiento de Carlos Carillo en Gestión del Riesgo

El Consejo de Estado rechazó provisionalmente la demanda que pide anular el acto que nombró a Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por supuesta falta de experiencia para ejercer ese cargo.

El tribunal decidió no estudiar momentáneamente esta acción, debido a que el demandante no adjuntó el documento de soporte de la publicación del acto de nombramiento, por lo que el tribunal inadmitió el recurso.

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"Si bien, en el caso estudio, el señor Pineda aportó el acto demandado, esto es, el Decreto 325 de 2024, no se allegó la constancia de publicación o notificación de este. Por consiguiente, se inadmitirá la demanda con el fin de que el actor corrija el yerro antes señalado", señala uno de los aparte de la decisión.

El tribunal otorgó un plazo de tres días para que el demandante corrija el error y remita el documento faltante, para posteriormente iniciar el proceso de estudio de la demanda.

"CONCEDER al demandante el término de tres (3) días para que subsane los defectos advertidos, según lo dispuesto en el artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, so pena del rechazo de la demanda", añadió el auto.

La demanda fue presentada por Andrés Pineda, quien fue candidato al Concejo de Medellín en 2023 por el partido Independientes, liderado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero y que en las últimas horas perdió su personería jurídica.

El accionando afirma que Carlo Carillo no cumple con los requisitos de experiencia requeridos para ocupar el cargo de director de Gestión del Riesgo, debido a que solo tiene experiencia como concejal de Bogotá, por lo que no se ha desempeñado en cargos directivos similares.

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En la demanda, el excandidato regional también solicitó que se impusieran medidas cautelares, es decir que el Consejo de Estado aparte a Carrillo provisionalmente del cargo mientras avanza el estudio del caso, debido a que al parecer el tiempo que tarden los magistrados, podría significar poner en un aparente riesgo los programas de Gestión del Riesgo.