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La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió investigación contra varios funcionarios del Fondo de Reparación de víctimas por presuntas irregularidades en una propiedad a disposición de las víctimas de Colombia.
El predio está ubicado en El Poblado de Medellín y pertenecía a los hermanos Castaño, actualmente está administrada por la entidad de Unidad Para la Atención y Reparación de las Víctimas.
Al parecer, el inmueble está deteriorado, este fue incautado desde el 16 de julio de 2013.
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Según el Ministerio Publico, los funcionarios involucrados son Luz Carime Cepeda Díaz, periodo del 8 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019; Katherine Lorena Mesa Mayorga, del 1 de febrero de 2019 al 2 de abril de 2019; Miguel Avendaño Hernández, del 3 de abril de 2019 al 14 de junio de 2021; Enrique Ardila, del 15 de junio de 2021 al 24 de agosto de 2022; Katherin Andrea Fuquen Ayure, del 25 de agosto de 2022 al 20 de septiembre de 2022 y Olga Giovanna González Quintero, para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2022 a la fecha.
"Las pruebas recaudadas por el ente de control, se logró establecer que el inmueble se encuentra en estado de alto deterioro y ocupado para el ejercicio de actividades comerciales no autorizadas", dijo la Procuraduría.
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Cabe mencionar que, a inicios de este año, tras varas denuncias por parte de las directivas de la Unidad para las Víctimas, la Contraloría General de la República anunció la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal por posibles irregularidades en la administración de bienes del Fondo para la Reparación a las Víctimas.
Una de las investigaciones tiene que ver con el hallazgo de valores excesivamente bajos de algunos arrendamientos de bienes administrados por el Fondo. Cerca de 43 bienes inmuebles con cánones que oscilaban entre cuatro mil y cien mil pesos.
Y el segundo, relacionado a numerosos bienes con arrendatarios morosos, de los cuales no hay procesos administrativos para recuperarlos ni acciones judiciales.
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