Audiencia Trans
Cortesía Uninorte
28 Ago 2019 07:58 AM

Caso de violación de mujer transexual en Barranquilla será atendido por corte IDH

Las investigaciones apuntan a que a Azul Rojas Marín le fue aplicado el protocolo de tortura.
Iván Darío Duva Ruiz
Iván Darío
Duva Ruiz
@ivanduva

En la primera audiencia presentada en el periodo de sesiones extraordinarias de la Corte IDH en Barranquilla, se trató el caso de Azul Rojas Marín, una mujer transexual del perú, que resultó detenida de forma ilegal por autoridades de policía, el pasado 25 de febrero del 2008, con supuestos fines de identificación. 

En el proceso, el organismo internacional determinó que, aunque la posibilidad de detención con fines de identificación se encuentra prevista en la legislación peruana, en ciertas circunstancias esta norma imponía una serie de requisito, tanto formales como sustantivos, que no fueron cumplidos en su caso

La Corte consideró que desde el momento en que Azul Rojas Marín, fue interceptada por los funcionarios estatales, estos no solo ejercieron violencia física en su contra, sino además la agredieron verbalmente, con reiteradas referencias a su orientación sexual mediante expresiones denigrantes. 

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En la sesión, en la cual participó el abogado Víctor Manuel Álvarez, representante de la víctima, aseguró que "siempre insistimos en que cuando se trata de un procedimiento policial arbitrario, está en condiciones muy amplias de ser torturada, de ser atacada en su integridad personal. En este caso, hay un trasfondo distinto a realizar un control de su identidad". 

"En la investigación, también tenemos el dictamen médico en el que se conoció que presentó agresiones que correspondía a los hechos, como se habían narrado. Estoy completamente convencido que a ella la castigan por su condición de homosexual, por la homofobia espantosa que hay en el país y entre muchas autoridades policiales", dijo el representante legal de la víctima. 

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Las investigaciones apuntan a que a Rojas Marín le fue aplicado el protocolo de tortura, por lo que los representantes de la víctima piden una sentencia jurídica en contra del Estado peruano, que vaya acorde con la magnitud de esta violación de los derechos humanos.