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El Gobierno del presidente Gustavo Petro estudia los nombres de las personas que integrarán la mesa de negociación con las disidencias de "Iván Mordisco" en las próximas semanas, algunos de los personajes incluyen a defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y políticos.
La oficina del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, le ha hecho saber la intensión de que hagan parte del equipo negociador a Camilo González Posso, actual presidente de Indepaz, el observatorio de conflictos que le hace seguimiento al tema desde hace varios años. Posso también fue uno de los asesores de Carlos Pizarro durante la desmovilización de la guerrilla del M-19.
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En la lista de posibles integrantes de la mesa de negociación con las disidencias también estaría Feliciano Valencia, directivo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y líder indígena de largo recorrido y conocedor del tema de paz en Colombia.
Sin embargo, también estaría en la lita de negociadores con el grupo armado Fabio Valencia Cossio, abogado y político colombiano, miembro del partido Centro Democrático. Fue en el pasado también negociador de paz, consejero presidencial y Ministro del Interior y de Justicia desde 2008 hasta 2010.
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La lista que estudia el Jefe de Estado y el Comisionado de Paz también aparecen Yesid Arteta, escritor y analista político; Carlos Murgas, empresario del sector palmero del país; Óscar Salazar y un representante del pueblo afro que se escogería en las próximas semanas.
El estudio del equipo negociador del Gobierno, ha llegado en los últimos días con la petición que hizo el Gobierno Petro a las disidencias de "Iván Mordisco" para respetar la vida de los firmantes del Acuerdo de 2016 y así seguir adelante con la negociación e instalación de la mesa anunciada entre ambas partes.
"A propósito del anuncio del acuerdo para la instalación de una Mesa de Conversaciones de Paz entre el Gobierno nacional y el EMC-FARC, reiteramos que una exigencia principal en ese proceso es el respeto a la vida y las libertades de los firmantes de paz", señala un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda.
Para el Gobierno "esa exigencia ha sido inamovible para todos los grupos armados irregulares que han demostrado su interés en ser parte de la paz total", agregando que se "reconoce que la responsabilidad por la protección de la vida y las garantías de seguridad de la población firmante recae enteramente en el Estado".
