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Tres trabajadores de la finca Matecaña en el sector Abejales, en la vía que conduce hacia el corregimiento Guáimaro de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, fueron asesinados por hombres armados, al parecer, integrantes del Clan del Golfo.
Las víctimas serían el administrador y dos trabajadores de la finca, estos dos últimos, padre e hijo. Por ahora, se adelantan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia en la región.
El vocero del Proceso Social de Garantías (PSG), Óscar Yesid Zapata, quien había denunciado la presencia de los ilegales en esa zona, pidió protección para la comunidad, toda vez que están en alto riesgo por el accionar violento de quienes hoy se disputan el control del territorio y las rentas ilícitas.
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Desde hace un mes, 108 personas de la vereda La Esperanza, se desplazaron por las amenazas de los actores armados, quienes les pidieron abandonar el territorio.
De hecho, ese sector del municipio se quedó sin habitantes y pese a la presencia de la fuerza pública, no se atreven a regresar, pues consideran que aún no están dadas las condiciones de seguridad.
Sobre el desplazamiento
Todos los habitantes del corregimiento La Esperanza, ubicado a una hora y media del casco urbano de Tarazá, Bajo Cauca, abandonaron la zona por amenazas de los grupos armados ilegales.
El alcalde encargado de Tarazá, Deivinson Montero Arroyo, confirmó que ese territorio quedó solo, sin sus habitantes, quienes huyeron por temor a quedar en medio del fuego cruzado. Pese a la presencia de la fuerza pública en la zona, los desplazados consideran que todavía no hay garantías para retornar.
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Muchas de las víctimas son niños y adultos mayores. Algunos han preferido ir a municipios del sur de Córdoba y autoalbergarse en casas de amigos.
Hace dos semana, fueron asesinados una líder social y dos gemelos de 17 años, quienes además fueron torturados, lo que aumentó el temor de la comunidad.
Este año, la Unidad de Víctimas en Antioquia ha atendido seis desplazamientos masivos en los municipios de Cáceres, Tarazá, Ituango y Urrao, en los que se vieron afectadas 670 familias, correspondientes a 2032 personas.
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