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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) confirmó la sanción económica de más de 5 mil 500 millones de pesos que impuso en diciembre de 2019 a Hidroituango, por irregularidades en la construcción del túnel auxiliar de desviación.
Luego de análisis y seguimientos de los expertos, la entidad asegura que pudo establecer que dicha estructura, con la que se pretendía poner al día los retrasos en la obra, se realizó sin la autorización previa de la ANLA para la modificación de la licencia obtenida previamente.
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En un comunicado, EPM como mandataria de la obra, explicó que la notificación de dicha sanción ocurrió el pasado 20 de enero.
En el texto, la compañía asegura que la ANLA “confirmó en su integridad la decisión adoptada en la resolución N.9269 del 30 de diciembre de 2019 por medio de la cual se declaró a la Sociedad hidroeléctrica ITUANGO S.A E.S.P responsable del cargo único (...) consistente en haber iniciado las actividades relacionadas con el Sistema Auxiliar de desviación (...) sin haber obtenido o tramitado previamente la modificación de la Licencia Ambiental”.
El túnel auxiliar de desviación fue el que colapsó en abril de 2018 y generó una emergencia ambiental y social en los municipios aguas abajo del proyecto. EPM, como propietaria del proyecto, aseguró que adelantarán las acciones legales que corresponden para este caso.
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Justamente, por la emergencia en la obra, EPM adelanta un proceso legal contra los constructores y diseñadores del proyecto, que tiene como objetivo recibir 9.9 billones de pesos que representan, según el demandante, las pérdidas económicas que han surgido luego del colapso del túnel auxiliar.
El pasado 18 de enero, el consorcio CCC Ituango solicitó un tribunal de arbitramento internacional para buscar una solución definitiva al conflicto.
