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Tras el informe presentado por la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y la posible declaratoria de emergencia nacional, la Defensoría del Pueblo informó que convocaron a los organismos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las diferentes autoridades departamentales y nacionales para que articuladamente puedan buscar acciones que permitan habilitar un corredor humanitario para garantizar la atención de las familias afectadas por la ola invernal en el Chocó, y que se encuentran en medio del bloqueo armado realizado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN.
Para la Defensoría, todas las entidades nacionales deben unir esfuerzos para evitar la configuración de una crisis humanitaria.
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Por tal razón, hicieron un llamado a este grupo guerrillero y le solicitaron que, como un verdadero gesto de paz, finalicen las restricciones de movilidad que tienen confinadas a 45.000 personas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, y que además se encuentran afectadas por las inundaciones.
Según indicaron desde la Defensoría del Pueblo, este es el tercer confinamiento forzoso en los últimos cinco meses, que está perjudicando a 85 comunidades afro e indígenas de Chocó, es decir, a unas 45.000 personas. Entre ellas, 7.500 actualmente están afectadas por inundaciones en sus comunidades.
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La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, aseguró que las organismos de socorro requieren movilizarse en la zona para verificar las afectaciones y el bloqueo armado impide que las comunidades reciban este apoyo.
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