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Varios hechos llaman la atención, entre ellos; el cambio del nombre de la fundación “FUNDAENLACE”, quien en el pasado se vio involucrada en hechos que son investigados por la justicia, ésta habría cambiado su figura o razón social a “COLOMBIA DIGNA”, quien figura en los papeles del arriendo de las bodegas de la fundación REY DE REYES con la particularidad de que quien aparece como fiador es el propietario de las tres fundaciones cuestionadas.
“Al parecer el gran ganador es Alejandro Hernández, quien estaría detrás del cambio del nombres de las fundaciones ya que fue el dueño de Fundaenlace y Colombia Digna, así mismo figura en los contratos de arrendamiento, de la fundación que le presta sus instalaciones a la fundación Rey de Reyes, todas con un mismo denominador Alejandro Hernández, a él ya le han dado contratos en varias partes del país con distintas razones sociales. Causa curiosidad que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no se cuestione ese hecho que fue señalado como irregular. Razón por la cual, hemos enviado escritos a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, para que pongan la lupa en la adjudicación del contrato” dijo Wilmer Sánchez, presidente de la “Veeduría Corposocial”.
Para José Javier Caro de la Cruz, vicepresidente de la Veeduría no a la Corrupción, se trata de fundaciones fachadas que no cuentan con la estructura necesaria para ejecutar la magnitud del contrato de alimentación escolar.
“La subsanación de documentos para el contrato de alimentación escolar, se fijó de manera irregular, saltando la ley y las normas de contratación con el aparente animo de favorecer a quien se quedará con el contrato”, advirtió Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular, quien también elevó escritos a los diferentes Organismos de Control.
Cabe señalar que los documentos precisan, que se está violando el principio de transparencia, selección objetiva y la pluralidad oferente, ordenado en múltiples fallos por el Consejo de Estado.
“No entendemos como ordenaron subsanar documentos en solo 2 días, como tampoco nos explicamos la falta de rigurosidad con la que se debe trata los recursos de la infancia” aseguró Héctor Pérez, veedor ciudadano.
