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Después de que se confirmará la captura de los dos soldados regulares, adscritos al Grupo de Caballera Numero 3 General José María Cabal de Ipiales, por su presunta vinculación con el delito de actos sexuales con menor de catorce años, la Fiscalía presentó a los indiciados ante un juez de control de garantías que decidió aceptar las razones de los investigadores y envió a los jóvenes a la cárcel mientras se adelantan las acciones judiciales respectivas.
“En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Seccional Nariño, logró la judicialización de los soldados regulares del Ejército Nacional Ghell Adonis Flórez Toloza y David Andrés Guerrero Potosí, señalados como presuntos responsables del abuso sexual de dos niñas del resguardo indígena Sol de los Pastos, en el municipio de Cuaspud Carlosama (Nariño)", dice apartes del comunicado publicado por el ente investigador.
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Según el director seccional de la Fiscalía en Nariño, Javier Hernández Castro, inmediatamente después de conocido el caso se inició el proceso de investigación respectivo, “los hechos ocurrieron en horas de la noche del pasado 2 de Julio en el sector rural del municipio de Cuaspud Carlosama, cerca del puesto de control militar, donde los uniformados llevan a dos niñas de 12 años de la comunidad indígena Sol de los Pastos y las abusaron sexualmente”.
El funcionario además explicó que en el marco de la investigación se realizaron mas de 15 diligencias que incluyeron entrevistas psicológicas, entrevistas forenses, inspección en el lugar de los hechos y reconocimientos fotográficos.
“Eso permitió que un juez de garantías, por solicitud del Fiscal de la URI, emitiera las ordenes de captura contra los uniformados y se realizaran las audiencias ante el juez de control de garantías, legalización de capturas, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento intramural”, explicó el Director seccional de Fiscalías.
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Basados en un testimonio que entregó una de las menores, la niña fue retirada de su núcleo familiar debido a lo que desde el Instituirlo Colombiano de Bienestar familiar y la comisaria de familia que asumió el caso, se consideraría un descuido en la protección a la menor, ya que todo indica que no era la primera vez que esto ocurría.
