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Ante la plenaria del Senado de la República, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esa corporación, la senadora liberal Sofía Gaviria dejó constancia de las denuncias presentadas por 32 gobernadores indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, en audiencia pública realizada por la Comisión de Derechos Humanos, en la ciudad de Medellín.
En dicha audiencia, los gobernadores, con actas de defunción como pruebas, hicieron pública la muerte en lo que va corrido del año de 51 niños y 11 adultos, por enfermedades prevenibles como malaria, diarrea, vómito y tos ferina, entre otras dolencias, en su mayoría sobrevenidas por desnutrición grave.
Según los gobernadores, los casos más dolorosos se están presentando en los resguardos de Opogadó, Uva Ipogue, Pichicora y Alto Rìo Quía.
“No hay puestos de salud en los resguardos, y, en la cabecera municipal, donde sí los hay, no se atiende con diligencia a los indígenas ni hay personal que hable su lengua. Para recibir atención médica, los habitantes de los resguardos tienen que hacer recorridos en canoa o en lancha, que pueden tardar entre ocho y diez horas, lo cual se dificulta notablemente cuando hay que trasladar enfermos y cuando no se cuenta con los recursos para esos complicados desplazamientos”, resumió la senadora Gaviria.
Gaviria aseveró que, tras las denuncias, la Comisión de Derechos Humanos buscará servir de puente con el Ministerio de Salud y con el del Interior, responsable de la situación de los indígenas, para encontrar las soluciones más prontas para esta crisis y anunció que “Con la misma insistencia con la que la Comisión se ha encargado de denunciar los indignantes casos de desnutrición y de fallecimientos por causas asociadas a la misma, en el departamento de La Guajira, y con la misma energía con que, esta semana, haremos nuestra sexta gran brigada de salud en ese departamento, nos desplazaremos a Bojayá y llevaremos hasta allá al Gobierno, para que, por fin, se entere de esta crisis y cumpla con las funciones constitucionales que está eludiendo”.
La congresista concluyó que “Casos como el que acabamos de exponer, donde hablamos de 51 niños fallecidos, en pocos meses, en un solo municipio, nos reafirman en la convicción de que es necesario que el Congreso ejerza, con todo vigor, control político sobre el tema de la desnutrición, no sólo en La Guajira, sino en todo el país”.
