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Después de que el Consejo de Estado, en una sentencia proferida en marzo del 2014 ordenara a 47 alcaldes de Cundinamarca ejecutar el saneamiento y recuperación del río Bogotá, la Procuraduría General dio un ultimátum a estos mandatarios locales, para que cumplan la orden dada por el alto tribunal.
En la advertencia, La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, señaló que dos años después de haberse fallado esta sentencia, es casi nulo lo que se ha hecho; razón por la que es ministerio público le recordó a los nuevos alcaldes que es obligación cumplir con lo que dejaron de ejecutar sus antecesores. El llamado se realizó a los burgomaestres de los municipios de la cuenca baja y media por donde atraviesa el río Bogotá.
De acuerdo a la Procuraduría, teniendo en cuenta sus competencias deberán incluir en sus planes de desarrollo 2017- 2010, así como en los ajustes de sus planes de ordenamiento territorial, todas las órdenes impuestas por el Consejo de Estado.
Además, el órgano de control señaló que los alcaldes han hecho caso omiso a la protección y mantenimiento de los nacimientos de agua aledaños, a la protección de todas las rondas hídricas correspondientes a quebradas y humedales y a las áreas forestales aledañas al río, tal como lo ordenó en su sentencia el Consejo de Estado
En ese sentido, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Ambiente, a la CAR Cundinamarca y a la Secretaría Distrital de Ambiente, que suministren a la Gobernación de Cundinamarca y a las alcaldías de los municipios involucrados, una serie de asesorías y lineamientos técnicos y jurídicos para que estos sean incluidos en los planes de desarrollo 2017-2020, así como en la formulación de los planes de ordenamiento territorial, todo lo concerniente a la recuperación y saneamiento del río Bogotá.
La Gobernación y los alcaldes tendrán un plazo de tres meses para que hagan llegar al ministerio público los respectivos planes de desarrollo, debidamente aprobados. El 30 de julio los mandatarios locales deberán entregar este requerimiento en medio magnético a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de lo contrario, advirtió la Procuraduría, el no hacerlo podría acarrear sanciones e incluso destituciones de hasta 20 años a alcaldes y gobernadores.
Óscar Amaya, procurador delegado para asuntos ambientales, habló con LA F.m. al respecto
