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2 Jun 2020 03:58 PM

Tatequieto de Superindustria a Claudia López por aplicación 'Bogotá Cuidadora'

Hay preocupación por el uso de datos.
Martha Olaya
Martha
Olaya
@Marthaolaya1

La Superintendencia de Industria Comercio (SIC) elevó este martes un requerimiento a la administración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el fin de aclarar si se cumple o no con la protección de datos de los ciudadanos que accedan la aplicación “GABO”, creada para enfrentar la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus. 

El requerimiento se hace tras la polémica generada con esta aplicación que lanzó la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual -según las denuncias- violaría la ley de protección de datos al solicitar permisos para rastreo mediante GPS, acceder a fotos, almacenamiento y cámara, entre otras,

Según el superintendente Andrés Barreto, “tras revisar la política de datos sobre esta aplicación se busca establecer si el mencionado sitio web y aplicación cumplen la regulación colombiana relativa a la recolección y tratamiento de datos personales y si han  implementado el principio de responsabilidad demostrada (Accountability) en esa materia (artículos 26 y 27 del Decreto 1377 de 2013 incorporado en el Decreto 1074 de 2015)”.

De acuerdo al ente regulador, el derecho de 'habeas data' es fundamental en Colombia “y las actuaciones de las entidades de derecho público sobre esta materia son investigadas por la SIC con el fin de determinar si existen responsabilidades, las cuales son consideradas disciplinarias por lo que cualquier hallazgo será remitido a la Procuraduría General de la Nación”.

La entidad reportó que el pasado 22 de mayo también se requirió a la Alcaldía de Medellín con su plataforma “Medellín me Cuida – Familias” (www.medellín.gov.co/medellinmecuida). Y actualmente se adelanta el análisis técnico – jurídico de la plataforma “CaliValleCorona”, cuyos titulares son la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Cámara de Comercio de Cali”.

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Según la SIC en lo corrido de este año se han impuesto ocho sanciones por $837.155.949 y ha emitido 444 órdenes relacionadas con la protección de datos

Fuente
Sistema Integrado de Información