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La Contraloría General de la República profirió fallo de responsabilidad fiscal a exdirectivos de la UAESP, algunos concesionarios y la Sociedad Fiduciaria Bancolombia.
El caso tiene que ver con la celebración de 400 contratos, con recursos públicos de las tarifas de aseo, que estaban destinados a ser devueltos vía tarifa a los usuarios de Bogotá.
Este fallo de responsabilidad fiscal involucra recursos por $47.425 millones. Por vía de Control Excepcional, solicitado por la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado del República, la Contraloría adelantó las investigaciones y ordenó la apertura de este proceso.
Los implicados en el caso son los exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP), Fabiola Ramos Bermudez, Victoria Virviescas Calvete, Gerardo Cuenca Melo, Miriam Martinez Díaz, Juan Carlos Junca Salas, Rigoberto Morales Becerra, Catalina Franco Gomez, Bertha Cruz Forero y Julia Prieto Rodríguez, quienes celebraron contratos, entre 2008 y 2011, para financiar actividades que no guardaron ninguna relación con la prestación del servicio de aseo.
"Entre las actividades pagadas con tarifas de aseo se encuentran funciones propias de la UAESP que debían atenderse con su presupuesto y no con los excedentes de las tarifas de aseo", explicó el organismo de control.
Más pruebas
Otra de las aristas del fallo tiene que ver con el arrendamiento de Auditorio, Salón del Hall y Bar, y Salón de Protocolo para eventos de capacitación; el arrendamiento de vehículos para transporte de funcionarios de la UAESP; el mantenimiento de cementerios, la asesoría a la Dirección de la UAESP en temas estratégicos y alquiler de equipos de cómputo e impresora para adelantar proyectos, entre otros episodios.
También con la preparación de licitaciones siguientes de servicio de Aseo que la Corte Constitucional ordenó suspender por no incluir a la población recicladora.
De igual forma, señaló la Contraloría, se pagaron actividades paisajísticas para el relleno Doña Juana y Cerramiento de Celdas, actividades que debía asumir el operador del Relleno y que el ex Director de la UAESP Juan Carlos Junca Salas terminó pagando un contrato para montar en el año 2011, cuando se estaba terminando la prórroga de las Concesiones del año 2003, un Sistema de Información paralelo al que montaron los concesionarios.
"A la postre la UAESP declaró el incumplimiento de este contrato en el año 2014 y la aseguradora Confianza pagó $ 23.145 millones, razón por la cual el fallo comprende los $13. 600 millones que no cubrió la póliza", apuntó el organismo.
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