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A diario los ciudadanos denuncian cientos de casos de hurtos de las estaciones y buses de Transmilenio. Las modalidades son muchas: atracos, cosquilleo, con escopolamina, entre otros.
El más reciente ocurrió en en la noche de este domingo en la estación de la Calle 146, en el que ocho personas, con armas blancas en su poder, empezaron a robar a los pasajeros.
La Policía solicitó a las víctimas que acudan a las autoridades para denunciar los hechos, y así proceder con las investigaciones que deriven en la captura de los delincuentes.
En lo corrido del año la Policía ha efectuado al menos 1.250 capturas de individuos que cometen hurtos al interior del sistema Transmilenio. Sin embargo, en muchos de estos casos los delincuentes son dejados en libertad, lo que permite que vuelvan a las calles a continuar robando.
La razón de esto radica en el proceso que debe pasar para que un ladrón en Transmilenio sea judicializado, situación que a menudo despierta polémica.
En primer lugar es importante destacar que la Policía solamente puede iniciar con el proceso de judicialización una vez cuente con la denuncia de las víctimas. De lo contrario, un capturado será puesto en libertad, o en caso de no haber sido detenido, las autoridades no podrán adelantar acciones para dar con su paradero.
Según reveló a RCN Radio la Policía, nada más en el 2018 se han registrado al menos 5.860 denuncias de hurtos en Transmilenio, pero se cree que se cometen muchos más. De esos, la modalidad preferida de los delincuentes es el cosquilleo, con 47.84 casos. Le siguen robos con arma blanca (900), con arma de fuego (105), con otro objeto contundente (56), con escopolamina (14).
Una vez en poder de las autoridades, los oficiales de Policía pueden tardar hasta ocho horas llenando el papeleo necesario para que sean ingresados en la Unidades de Reacción Inmediata (URI). Una vez terminado este proceso, son los jueces los que determinan el futuro de los detenidos.
Según reveló a RCN Radio un fiscal de Bogotá que no quiso revelar su identidad, de todos los delincuentes que llegan a la URI, el ente investigador decide a quienes se les imputa cargos, teniendo en cuenta reincidencia y gravedad de los hechos. En este paso, se cree que al menos el 90% de los capturados quedan en libertad.
Pero la cifra continúa disminuyendo, ya que a menos de la mitad de los procesados se les pide medida de aseguramiento: "Como fiscales no podemos atender todos los casos y pedir cárcel para todos porque estamos sujetos a que los jueces determinen un número muy reducido de delincuentes que van a prisión. Además, al ser delitos menores, estos son excarcelables".
Este fiscal aseguró que el problema radica en el hacinamiento de las cárceles: "No hay lugar para encerrar a los ladrones, por lo que los fiscales y los jueces deben dar prioridad solo a los casos más graves".
Y añadió: "Esto genera un círculo vicioso en el que una persona roba, en caso de ser detenido (porque puede que no lo capturen) dura dos días en poder de las autoridades y luego es libre para seguir hurtando. Y lo peor es que desde la rama judicial no se puede hacer nada porque el sistema está hecho para la impunidad".
