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Personera Distrital rechazó campamentos exclusivos para habitantes de calle
En el país, Bogotá es la pionera en establecer una política integral de rehabilitación, inclusión y restablecimiento de derechos del habitante de calle.
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Viernes, Junio 13, 2025 - 10:45
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Tras las diferentes propuestas hechas por el Concejo de Bogotá e incluso por la Administración Distrital de construir zonas especiales para los habitantes de calle, la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, aseguró no estar de acuerdo con las propuestas de campamentos humanitarios para esta pobalción u otras iniciativas discriminatorias, porque van en contravía de un Estado que respeta la libertad, la dignidad humana y la libre determinación.
“No se pueden imponer modelos de perfección y forzar por encima del consentimiento, tal como lo establece la sentencia de tutela 043 de 2015 de la Corte Constitucional. Lo que sí se debe construir es una política de prevención desde la escuela. No puede ser que a los 8 años tengamos casos de consumo de sustancias sicoactivas y estemos ad portas de crear una generación perdida”, alertó.
Por el contrario, “lo que hay que pedirle al Distrito es que adopte, de forma urgente, una cátedra para prevenir el consumo de droga desde temprana edad. Una fórmula que involucre a la familia con Escuelas de Padres en los establecimientos oficiales. La educación es fundamental”.
La Personera añadió que frente a los habitantes de calle se deben tomar acciones positivas que rescaten de manera especial, integral e incluyente a quienes tienen unas condiciones de vulnerabilidad. “Dejar el discurso y materializar acciones concretas para atender a los habitantes de calle. Un Estado social como el nuestro, pluralista y de derecho no aísla, ni discrimina ni estigmatiza. Por el contrario, incluye, integra, apoya y atiende”, dijo.
Otra cosa es que estas personas sean instrumentalizadas y que aprovechen su adicción para fomentar actividades criminales. Allí se necesita de una acción de inteligencia para identificar los expendedores camuflados en la indigencia y una intervención rápida de las autoridades judiciales y de la Policía Nacional.
“No se puede dejar espacio a la justicia por mano propia; no debe existir, ni se pueden admitir avisos amenazantes y supuestas iniciativas de limpieza social. La solidaridad de la sociedad implica respeto, ayuda y denuncia, no intimidación”, concluyó.
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