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La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la presencia de grupos armados ilegales y la posibilidad de atentados en varias zonas de la capital del país.
De acuerdo con un informe de esa entidad, las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy se configuran como los corredores de movilidad logísticos y de abastecimiento para las estructuras armadas ilegales, que estarían delinquiendo en la ciudad.
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La Defensoría precisó que en estas zonas confluyen integrantes del ELN, las Águilas Negras (Bloque Capital), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Rastrojos (Comandos Urbanos) y otras estructuras armadas como 'Los Costeños' y 'Los Paisas', al igual que las disidencias de Farc.
“Como se observa, el impacto social que tienen los GAI sobre la ciudad de Bogotá D.C., es la respuesta a las dinámicas de violencia que se presentan en los departamentos circundantes de la ciudad y a la conformación de un espacio estratégico en sí mismo para los intereses de los GAI”, señala uno de los apartes del documento de la Defensoría del Pueblo.
Barrios como María Paz, El Triunfo, Las Margaritas, Las Vegas, Patio Bonito y Dindalito, entre otros, fueron establecidos como zonas de control territorial que tienen presuntos integrantes de grupos armados ilegales que se habrían desmovilizado de las AUC.
La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió que los líderes de esa zonas de la ciudad han recibido amenazas a través de panfletos o de manera directa.
Atentados
En el informe también se estableció que los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, en Bogotá, están en riesgo frente a los ataques que pueden perpetrar células urbanas del ELN contra la infraestructura energética y en inmediaciones de los Centros de Atención Inmediata (CAI), de la Policía Nacional o el Ejército.
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La Defensoría del Pueblo reveló que los grupos armados ilegales que delinquen en las zonas de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, en el sur Bogotá, se están reacomodando en algunos casos para evitar la confrontación con otras bandas criminales o, en otros casos, para lograr una “convivencia”.
“Los grupos armados ilegales en Bogotá ha sufrido reacomodamientos, observándose en algunos territorios y durante algunos períodos, dinámicas de confluencia que evitan la confrontación armada", explica la entidad.
Añade que, al tiempo, "en otros territorios se observan dinámicas de disputa, que dan cuenta de que esa “convivencia” puede ser alterada por diferentes circunstancias, muchas de las cuales tienen que ver con las dinámicas que tienen lugar en el contexto nacional”.
Víctimas
La Defensoría del Pueblo identificó como sujetos de especial protección constitucional a los adolescentes y jóvenes, campesinos, indígenas y afrodescendientes en situación de desplazamiento forzado, quienes habrían recibido amenazas luego de rechazar el reclutamiento, al igual que la realización de algún tipo de tareas ilegales en las zonas de la localidad de Ciudad Bolívar.
La alerta precisó que también están en riesgo los jóvenes de los barrios Ismael Perdomo, Jerusalén, Tesoro, Lucero y Arborizadora, Timiza, Calandaima, Corabastos, Patio Bonito, Las Margaritas en la localidad de Kennedy, y El Porvenir, Tintal Sur, Bosa Occidental y Central, y El Apogeo, en la localidad de Bosa.
Situación de líderes sociales
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la posibilidad del aumento de las amenazas y hostigamientos a líderes sociales de defensores de Derechos Humanos, víctimas del conflicto armado.
El documento asegura que “se advierte la posibilidad de un incremento de amenazas contra los miembros de las Juntas de Acción Comunal de los barrios aledaños a los lugares en donde se concentra la venta y el expendio de sustancias psicoactivas, así como a los estudiantes y jóvenes de los sectores de mayor influencia del narcotráfico en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy.
“Es factible la vinculación a estructuras como el ELN de adolescentes y jóvenes de las localidades objeto de advertencia, a través de instituciones educativas oficiales y universidades públicas”, señaló el reporte.
La alerta destacó que “se considera factible además el uso de la violencia selectiva e indiscriminada a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o de configuración múltiple (masacres), desapariciones forzadas, extorsiones que exponen a las víctimas a atentados contra la vida y la integridad personal mediante métodos y medios para generar terror en la población civil".
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Derechos en riesgo
El informe establece que a raíz de esta situación, se han registrado violaciones a los Derechos Humanos al igual que al Derecho Internacional Humanitario.
En ese mismo sentido, la Defensoría del Pueblo estableció que se están vulnerando los derechos a la vida, la integridad personal, la seguridad, la libertad, la libre determinación, a no ser desplazado, al libre desarrollo de la personalidad, la libre circulación, la libertad de residencia, a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político.
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