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La Contraloría de Bogotá abrió una investigación a los Fondos de Desarrollo Local de 16 de las 20 localidades de la ciudad, por los contratos firmados en el marco de la emergencia para la atención de la COVID 19.
A través de un documento enviado al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, esa entidad precisó que la indagación se inició para poder determinar la existencia de presuntos hechos irregulares en la suscripción y ejecución en las localidades como Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Kennedy, en lo referente a la entrega de ayudas a las familias más vulnerables.
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De la misma forma se investigan contratos en las localidades de Usme, Usaquén, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Sumapaz, al igual que en la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, por un valor de $82.837.401.675.
En el documento enviado al Distrito, la Contraloría de Bogotá advirtió que el alcance de este último contrato “comprende la administración, planeación estratégica, logística y operación para el suministro y entrega de la ayuda humanitaria (...) bajo sometimiento de los principios de calidad para socorrer, asistir, proteger y atender las necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos”.
De otro lado y tras una reunión entre el ministro de Salud, Fernando Ruiz y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se descartó que la ciudad tenga que entrar en julio en una cuarentena estricta, como se llegó a considerar.
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En el encuentro entre Distrito y el Gobierno Nacional se aclararon las cifras de entrega de ventiladores, que según la alcaldesa son clave para la atención de los pacientes críticos por COVID-19 en la ciudad,
Esta semana se recibirán más dispositivos médicos que se suman a los entregados recientemente y quedarán pendientes 292, para un total de 722 ventiladores mecánicos.
