La FM en Google News
La Veeduría Distrital identificóineficiencias administrativas en la ejecución del convenio interadministrativo de Cooperación 613 del 9 de julio del 2019, suscrito entre Transmilenio S.A. y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.
En dicha investigación se evidenciaron gastos en instrumentos musicales, un gimnasio, muebles y vestidos de mariachi, entre otros, sin relación con el objetivo contractual que era la seguridad de los bogotanos en los buses articulados.
Le puede interesar: Los barrios más inseguros de Bogotá son buscados por la Alcaldía
Según la investigación del ente de control, la ejecución del convenio no se supervisó de forma adecuada y el dinero se gastó en elementos que no hacían parte del contrato y que adicionalmente eran innecesarios para lo que realmente necesita la ciudad en temas de seguridad.
Tanto en el sistema como por parte de la Policía, no aparecen aprobados en los planes de necesidades, lo que significa que la información remitida por la Empresa de Transporte Tercer Milenio “Transmilenio S.A.” o divulgada por la entidad en el SECOP 1, no se evidencia un acta donde expresamente exista dicha aprobación.
Tras estos hallazgos, se formularon recomendaciones de tipo administrativo a la Gerencia de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio “Transmilenio S.A.”, con el fin de mejorar la gestión administrativa en este tipo de convenios.
“Encontramos que más que participar en un convenio para mejorar la seguridad en TransMilenio, el Fondo Rotatorio de la Policía habría destinado recursos para dotar instalaciones, o atender a los uniformados. Todo esto escapando a la supervisión de TransMilenio : ¿qué tiene que ver la adquisición de un gimnasio para la Mebog, con la convivencia en el transporte masivo?”, planteó el veedor, Guillermo Rivera.
Lea también: Pasajeros tendrán que justificar sus viajes durante cuarentena en Bogotá
Además del envío de copias de la investigación a la Procuraduría General, organismo que tiene competencia sobre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, se compulsaron copias a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital para que en el ámbito de su competencia valoren la documentación y determinen las medidas a seguir.
