¿Aún funcionan los teléfonos públicos de la ETB?

De los más de 5.000 teléfonos que están en las calles, 236 no funcionan y a los restantes no se les hace mantenimiento.
En este estado se encuentran muchos de los teléfonos públicos de la ETB
En este estado se encuentran muchos de los teléfonos públicos de la ETB Crédito: Twitter Fundación Azul Bogotá

Cuando se implementaron los nuevos teléfonos públicos de la ETB en Bogotá, que funcionaban con una tarjeta,se llegaron a instalar más de 7.000 en toda la ciudad, tanto en el espacio público como en instituciones del Distrito.

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) afirmó que en 2017 se desinstalaron cerca de 170 teléfonos, mientras este año se retiraron de las calles más de 500 de estas cabinas.

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Estos teléfonos públicos de Bogotá pasaron al olvido en parte por los vendedores ambulantes de dulces y chicles, que también venden el minuto a celular todo destino por 200 pesos, o en unos casos por 100 pesos.

El concejal Rolando González afirmó que la desaparición paulatina de estas cabinas telefónicas se debe a dos principales problemas. El primero es que se ha dejado de utilizar estos teléfonos públicos en un 57% en 2018.

Segundo, la empresa ETB no tiene el musculo financiero para hacerle mantenimiento a los dispositivos que aún se encuentran en varios puntos de las calles.

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Las ganancias de estos teléfonos no dejan ni para hacerles mantenimiento, ya que se estima que cada dispositivo de estos deja una utilidad de 35.000 pesos al año.

Es entendible que la función de la telefonía pública decayó con el crecimiento de los celulares. Por tal motivo, su presencia en vías ya se constituye en una invasión del espacio público”, afirmó el cabildante.

“Por lo tanto, deberían ser evacuados y que solo se mantengan en recintos cerrados como hospitales y colegios”, añadió González.

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Cabe destacar que, según información de ETB, en 2012 los ingresos que obtenían por uso de los teléfonos públicos eran de 739 millones de pesos.

Pero en los años 2016 y 2017 no superaban los 250 millones de pesos por vigencia, lo que significó una reducción del 66% en 4 años.


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