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En el municipio de Cajicá, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, en compañía del comandante de la Policía del departamento, coronel Edwin Chavarro Rojas, presentó el primer balance tras la implementación del decreto del Gobierno Nacional que permite la incautación de dosis mínimas de estupefacientes y prohíbe su consumo en espacios públicos.
Según las autoridades, durante las primeras 72 horas de la entrada en vigencia de la norma se incautaron 13.400 dosis y7 fueron detenidas 22 personas.
(En contexto: Dosis mínima: así se realizarán los operativos de la Policía para decomisarlas)
Además, de acuerdo a este primer balance, se realizaron allanamientos donde se decomisaron dos armas de fuego, más de diez armas blancas y se recuperaron 25 celulares en una serie de operativos realizados en los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Tabio y Sopó.
Tras la firma del decreto, la Policía intervino en espacios públicos, entornos escolares y sitios de recreación y turismo en los diferentes municipios del departamento.
“En Cundinamarca somos pioneros en la aplicación del decreto presidencial que faculta a las autoridades para incautar el porte de estupefacientes. Gracias al trabajo articulado de 45 patrullas motorizadas, un equipo especial de inteligencia e investigación criminal, así como un componente interdisciplinario de infancia y adolescencia que, junto a las veedurías y equipos de acompañamiento de la Gobernación de Cundinamarca y de los municipios, posibilitó liberar de traficantes y consumidores a varios sectores de esta zona del departamento”, aseguró el gobernador Jorge Rey.
En el marco del plan de choque ‘El que la hace la paga’ ordenado por el presidente Duque, las autoridades de Cundinamarca han capturado 72 personas e incautado 40.200 dosis de sustancias psicoactivas.
Al margen de estos resultados defendidos por las autoridades, aún son varios las interpretaciones que se han presentado en el país frente al consumo de drogas y la decisión del presidente Iván Duque de poner en marcha el decreto para que se incaute cualquier dosis de narcóticos que sea descubierta por la Policía Nacional en las calles.
Entre los líderes de opinión se mantienen algunos escépticos frente al posible prohibicionismo extremo por parte del Estado ante el tratamiento que se da a los consumidores, quienes son considerados enfermos y un problema de salud pública para el país.
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