Admiten demanda contra decreto que elimina los taxímetros

Hay dentro del servicio público quienes se oponen a que la alcaldía de Bogotá busque eliminar los taxímetros.
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Colprensa (Referencia).

Un juez de la República admitió para estudio una demanda que busca que se tumbe el decreto que expidió la alcaldía de Bogotá en el que se establece la eliminación de los taxímetros por tabletas electrónicas.

En los próximos días entrará en vigencia un decreto que contempla que deben ser remplazados los taxímetros por tabletas con aplicaciones que fijarán las tarifas.

John Mauricio Ramírez, presidente del sindicato de empresas de taxímetros, manifestó en diálogo con LA FM que han sido radicadas de la misma manera más de 20 tutelas para que se garantice el derecho al trabajo.

Ramírez señaló que la demanda que fue elevada ante un juez, busca que a través de medidas cautelares se ordene la suspensión del decreto.

“Seguimos luchando por los derechos de los trabajadores de las empresas de taxímetros. Son más de mil personas que laboran en el tema y quedarían en la calle con muchos problemas económicos”, sostuvo.

La Administración Distrital dio a conocer que el 90 % de los taxistas han adoptado nuevas tecnologías para reemplazar los taxímetros, dentro del proceso de modernización del servicio.

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad se Bogotá, señaló se tiene registro que un 10 % de los conductores de los vehículos amarillos aún no se han pasado a los cambios que debe tener el servicio, como la inclusión de tabletas.

Hay quienes consideran que la Administración Distrital antes de buscar cambiar los taxímetros, debió establecer una serie de campañas para ir mejorando el mal servicio. Aún hay dentro del gremio de taxistas quienes insisten en que “por allá no voy”, lo cual no cambia en nada con la utilización de una tableta en vez de un taxímetro.

Sin embargo, lo positivo de la entrada de las tabletas, de acuerdo a muchos usuarios, es que el pasajero conocerá de antemano el costo del recorrido. Por eso, los taxistas ya no podrán cobrar a su antojo por transportar a un ciudadano.

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