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El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela denunció al presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y omisión grave.
El exfuncionario sostuvo que la demanda se basó en más de 20 pruebas documentales incluyendo decretos presidenciales, testimonios de guerrilleros, reportes de la ONU, entre otros.
Ruiz precisó que desde hace meses ha documentado jurídicamente una serie de hechos que configuraría crímenes de lesa humanidad y responsabilidad penal por omisión, por parte del presidente Gustavo Petro.
Concretamente, el exministro argumentó que entre sus pruebas se incluyen testimonios de guerrilleros del ELN, de las disidencias de las Farc y del 'Clan del Golfo', además de información de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha reportado alarmantes cifras de desplazamiento.
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Orejuela señaló que los decretos presidenciales del actual gobierno habrían beneficiado a los grupos al margen de la ley. Al mismo, Wilson Ruiz señaló que las declaraciones dadas por algunos cabecillas guerrilleros, confirman su intervención políticamente para elegirlo presidente.
Entra tanto, señala el también expresidente del Consejo Superior de la Judicatura que Gustavo Petro "consolidó a su llegada al poder una estrategia militar y política, con el fin de empoderar a los grupos terroristas que delinquen al interior del territorio nacional, abandonando a su suerte a la población civil (campesinos, niños, adultos mayores, líderes sociales, entre otros) que han sido víctimas de estas organizaciones criminales".
Precisó que la Corte Penal Internacional (CPI) debe intervenir en la situación del país.
"No estamos ante errores de gobierno, sino ante una política deliberada de omisión que ha fortalecido a estructuras criminales, mientras se ha debilitado a nuestras fuerzas armadas", añadió el exministro a través de un comunicado.
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Finalmente, Wilson Ruiz Orejuela resaltó que entre los años 2022 y 2025 se presentaron más de 270 masacres, así como 695.000 desplazados según cifras de la ONU y una reducción del 37,7% en el presupuesto de inversión de la Policía Nacional, concluyendo que hay un abandono estatal por parte del jefe de las fuerzas militares.
