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La Procuraduría General de la Nación llamó a citación a cuatro exfuncionarios en la administración de Daniel Quintero por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el pago de pauta publicitaria por parte del Canal Telemedellín, en medios de comunicación virtuales.
Se trata de Mabel Rocío López Segura, Johana Jaramillo Palacio, Deninson Mendoza Ramos, exgerentes de Telemedellín y el exsecretario de Comunicaciones de la Alcaldía, Juan José Aux Trujillo.
El Ministerio Público notificó la citación a través del auto 1464, donde los cuatro exfuncionarios deberán comparecer presencialmente ante un juez para explicar sus actuaciones.
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La Procuraduría también llamó a citación a varios exempleados en la administración Quintero, como Isabel Cristina Carvajal, Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahíta, Juan Diego Hernández Agudelo, Lady Johana Restrepo Contreras y María Camila Arango Pérez.
Hay que indicar que, en el año 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra funcionarios de la Alcaldía de Medellín, por celebrar presuntamente millonarios contratos con medios de comunicación alternativos para difundir la estrategia de resultados de la administración de Daniel Quintero.
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De acuerdo con el organismo, al parecer el canal regional no contaba con la capacidad para ejecutar el objeto del contrato, lo anterior teniendo en cuenta la tercerización de la contratación para el desarrollo de una parte de las actividades con la empresa Maxempleos.
Cabe recordar que, en el año 2024, la Personería de Medellín formuló pliego de cargos en contra de Mabel López Segura, por presuntas irregularidades en el contrato entre Telemedellín y el Centro Nacional de Consultorías, celebrado en el año 2020.
Las presuntas irregularidades se habrían presentado en tres momentos: Durante la etapa previa, contractual y de ejecución del contrato 0328 - 2020 entre Telemedellín y el Centro Nacional de Consultorías, cuyo objeto era la investigación, medición y sondeos de opinión para la Alcaldía de Medellín.
Estas irregularidades se habrían dado por presunta participación en las etapas del contrato con desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal y el presunto incumplimiento de deberes durante la ejecución del mismo.
