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Ante el inminente riesgo de colapso de la Institución Educativa Fernández Baena de Cartagena, la Secretaría de Educación decidió ordenar su evacuación y suspender las clases a los más de 1.000 estudiantes, porque la estructura física no tiene condiciones de seguridad.
Jaime Hernández Amín, jefe de esa cartera, dijo que se requiere construir un nuevo colegio, pero no hay recursos suficientes.
“En este momento, el presupuesto distrital para un colegio nuevo no existe, tocaría entrar a jugar con el Gobierno Nacional. El Ministerio de Educación tiene varias herramientas que podemos trabajar, ya sean fondos directos o una alianza público privada que hiciera un colegio nuevo. Es una vía que se puede tomar para que un sector privado ponga el recurso, dado que en este momento no hay”, dijo Hernández Amín.
El funcionario explicó que el colegio fue edificado sobre un pequeño cerro y hoy está pasando factura. “La loma tuvo un movimiento de tierra que destruyó las bases del colegio, por lo cual lo hace insostenible, una situación que representa un alto riesgo, especialmente para los estudiantes. Constatamos que el estado es crítico”, agregó el encargado de la cartera educativa.
Hernández Amín reconoció que el riesgo es inminente y se requieren soluciones urgentes. “Hay riesgo de que se caiga un pedazo del techo o una columna. Está el riesgo que se pueda volver a mover la tierra y colapse una pared. En general hay un riesgo permanente, por eso es necesario tomar una decisión ya mismo porque por encima de todo está la salud de los menores de edad”.
Claudia Garcés, coordinadora de este centro educativo, aseguró que no permitirá que los estudiantes sean trasladados a otras instituciones como plan de contingencia. Dijo que con esa determinación se corre el riesgo de que desaparezca ese colegio.
El Concejo de Cartagena le pidió un informe a la Secretaría de Infraestructura sobre el estado de las estructuras de los colegios públicos tras los recientes reportes que involucra las instalaciones de estos planteles educativos, ante la negativa de los rectores de suministrar la información sobre la necesidad de cada institución oficial.
“La idea era que cada rector de los colegios públicos trajera su requerimiento; al no venir los rectores, le pedimos a la Secretaría de Infraestructura que recorra todas las instituciones y nos traiga un informe del estado real. Lo único que tiene el Concejo es el control político, con base en las respuestas exigiremos que se solucione esa situación irregular”, dijo César Pión, concejal.
Desde el 2017, las directivas de Institución hicieron un llamado al Ministerio de Educación y organismos de control, pero hasta el momento no se ha encontrado una alternativa. De momento, la Alcaldía estaría más inclinada la posibilidad de un traslado temporal.
