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La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), que tiene 23.000 maestros afiliados, aseguró que “no apoya” la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al considerar que es liderada por “sectores retardatarios de la ciudad”, que pretenden recuperar el espacio político que perdieron en las urnas.
Por eso, el sindicato solicitó al magisterio “legitimar la voluntad del pueblo en las urnas”.
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Quintero Calle publicó el comunicado de los maestros y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Adida rechaza revocatoria. #NoMás”, tendencia que está siendo usada por el mandatario, sus secretarios de despacho y sus simpatizantes para rechazar la revocatoria.
"Adida no hace parte y no apoya la iniciativa de la revocatoria de Daniel Quintero. Observamos, en quienes impulsan la revocatoria, algunos de los sectores más retardatarios de la ciudad y el departamento, los mismos que de forma sistemática han determinado el recorte de derechos de la ciudadanía, aparecen comprometidos en escándalos de corrupción y han usado la estigmatización y el señalamiento contra los luchadores sociales y populares incluida nuestra organización sindical como los causantes de la crisis social que hoy vive la sociedad colombiana", destaca uno de los apartes del comunicado de tres puntos.
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Los docentes afirmaron que personas inmersas en escándalos de corrupción y que han recortado los derechos de la ciudadanía son quienes promueven la revocatoria del alcalde de Medellín. Consideraron que están “instrumentalizando” a los habitantes en el contexto del debate electoral.
Cabe mencionar que Asocapitales pidió respetar y proteger el derecho al debido proceso al alcalde Daniel Quintero, en medio del proceso de revocatoria en su contra.
Por medio de su cuenta en Twitter, esa entidad señaló que "los derechos mencionados no solo son garantías constitucionales fundamentales de todo ciudadano colombiano, sino que también han sido reconocidos por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional".
La Procuraduría General de la Nación recordó que continuará vigilando el cumplimiento de las normas que prohíben la participación en política de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, según lo estipulado en la Constitución y la ley. El pronunciamiento es en alusión al proceso de revocatoria del alcalde de Medellín.
