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El Gobierno Nacional abrió una de las investigaciones más grandes de los últimos años contra organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección. La medida, anunciada por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, pone bajo revisión más de 7,5 millones de fotocomparendos impuestos en distintas regiones del país.
La actuación administrativa involucra a 37 organismos de tránsito y podría derivar en la revocatoria de más de 5,8 millones de multas que aún no han sido pagadas. Además, las autoridades investigadas podrían enfrentar sanciones multimillonarias y, en algunos casos, verse obligadas a devolver dinero ya cancelado por conductores colombianos.
Las irregularidades detectadas en los sistemas de fotomultas
Según informó la Superintendencia de Transporte, las investigaciones se originaron tras detectar posibles incumplimientos relacionados con los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos popularmente como cámaras de fotomultas.
Las autoridades señalaron que varios organismos de tránsito no habrían cumplido requisitos técnicos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. Entre las principales fallas identificadas está la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento considerado obligatorio para garantizar la confiabilidad y legalidad de los sistemas tecnológicos.
El informe oficial detalla que 12 organismos iniciaron operaciones sin contar con dicho concepto técnico, mientras que siete operaron utilizando conceptos expedidos a terceros. A esto se suma que otros 18 organismos habrían obtenido las certificaciones después de haber empezado a operar las cámaras.
Entre las ciudades y municipios involucrados aparecen autoridades de tránsito de Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar y Montería, entre otras.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que esta actuación representa un precedente frente al uso irregular de estos mecanismos de control vial.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.
Millonarias devoluciones y sanciones a organismos de tránsito
La Superintendencia reveló que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ese total, 1.582.398 multas ya fueron pagadas por ciudadanos, lo que representa recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.
De acuerdo con la entidad, las autoridades podrían verse obligadas a devolver esos recursos y enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, cifra que superaría los 2,1 billones de pesos.
Las ciudades con mayor número de comparendos detectados dentro de la investigación son Cali, con 2,7 millones de fotomultas; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil.
Uno de los anuncios más relevantes del proceso es que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades correspondientes. La decisión podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos en todo el país.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aseguró que el objetivo de las actuaciones no es debilitar la seguridad vial, sino garantizar que los sistemas funcionen dentro de la legalidad.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el funcionario.
El Gobierno Nacional reiteró que continuará adelantando procesos administrativos para garantizar que los sistemas de fotodetección operen bajo estricto cumplimiento de la ley y con transparencia frente a los ciudadanos.
