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Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, dijo en La FM de RCN Radio que el proyecto de resolución que fija lineamientos ambientales para la sabana de Bogotá tiene "muchas imprecisiones, muchas chambonadas" y que, en caso de ser aprobado, condenaría a miles de hogares a vivir en la informalidad.
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"La verdad es que resulta absolutamente preocupante la falta de rigor con la que se está manejando este ordenamiento ambiental de la sabana. Yo no quiero juzgar, pero lo que vemos cada vez y, como lo ha advertido el gobernador [de Cundinamarca, Jorge Rey], es muchas imprecisiones, muchas chambonadas".
Según Herrera, la resolución afectaría planes parciales de vivienda de interés social (VIS) en suelos que ya están reservados para tal fin.
"Están usando planos en unas escalas tan grandes, que lo único que van a dejar es muchas imprecisiones a nivel de la planeación de los municipios que ya tienen sus POT [planes de ordenamiento territorial]. En el tema particular de nuestro sector de la construcción, lo que hemos visto hasta ahora es que habría unos 60 planes parciales que están reservando suelo para unas 360.000 viviendas, de las cuales 240.000 son VIS y esas viviendas quedarían afectadas", añadió el presidente del gremio de la construcción.
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La situación, según Herrera, es preocupante porque no se podría atender la demanda de vivienda proyectada para 2035: "De acuerdo con las proyecciones del Dane, vamos a requerir cerca de un millón cien mil viviendas de aquí al 2035".
"La gran pregunta que uno se tiene que hacer es: está muy bien defender el derecho colectivo al ambiente, nadie se ha opuesto a eso, pero hay otro derecho colectivo, que es el de la vivienda. Entonces, ¿vamos a condenar a los hogares a vivir en la informalidad? ¿Será que esta última opción sí va a proteger el ambiente, como quiere el Gobierno? Yo creo que no, por ahí no es".
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La controversial resolución aún no ha sido expedida, y el Ministerio de Ambiente estableció como plazo el 14 de marzo próximo para que los interesados hagan comentarios y propuestas. La medida, de ser aprobada, abarca a Bogotá, 35 municipios de Cundinamarca y cuatro del Meta.
Al respecto, Herrera anticipó que Camacol la está pidiendo a la Procuraduría General "un proceso de vigilancia preventiva sobre esta discusión que está planteando el Ministerio de Ambiente".
"Además, ni siquiera es discusión: dan 14 días para hacer observaciones a unos planos, a unos documentos de soporte, y en 14 días quieren resolver tres décadas de discusión de ordenamiento ambiental".
