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La Procuraduría hizo un nuevo llamado de atención a las autoridades para que ayuden a atender la situación migratoria en las zonas de frontera en Cúcuta y el Tapón del Darién.
La alerta fue emitida por el organismo luego de reunirse con las entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías encargadas de atender la crisis migratoria en Antioquia, Chocó y Norte de Santander, por cuenta de la llegada diaria de miles de migrantes provenientes de al menos siete países.
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En esta reunión, el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmientos, revisó el cumplimiento de 48 recomendaciones hechas a las entidades nacionales para atender esta crisis, sin embargo, señaló que no se ha avanzado en esta misión.
"Constatamos con preocupación que, salvo contadas excepciones, no existe un avance por parte de las entidades del gobierno nacional en la atención a la población migrante. Persiste la necesidad de fortalecer entidades como Migración Colombia, el ICBF y Policía Nacional para realizar la debida atención", señaló Sarmiento.
Entre las grandes preocupaciones expresadas en esa reunión, estuvieron que la población migrante continúa siendo víctima de trata de personas, trabajos forzados, explotación sexual infantil y estafas, entre otros flagelos.
Ante este panorama, el delegado insistió en la necesidad de incluir a los entes territoriales en la implementación de esta política pública, no solo pidiéndoles informes básicos de cumplimiento, sino buscando integrar las medidas que permitan evitar que se presenten este tipo de vulneraciones.
También advirtió que el rol de la cooperación internacional frente al seguimiento, asistencia y orientación de la población migrante no es una responsabilidad, como si la tienen las administraciones del orden nacional y territorial, sino una labor de apoyo.
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Finalmente, el delegado Sarmiento resaltó la iniciativa de las gobernaciones de Antioquia y Chocó, frente a la creación de una única instancia entre sus administraciones para la población migrante.
