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La Procuraduría General le envió una dura carta a la Presidencia de La República por el contrato revelado por esta emisora en el que se pactó una suma de al rededor de $ 3.000 millones de pesos con la empresa Dubrands, en la que trabaja, además, el hijo del jefe de la campaña del presidente Duque, Luigi Echeverry.
En la carta revelada a medios de comunicación, la Procuraduría hace preguntas concretas a Presidencia sobre la priorización de gastos en medio de la declaración del estado de emergencia económica y la pandemia mundial que ha hecho que buena parte del presupuesto público de este año sea destinado a dar soluciones a los problemas por el coronavirus.
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El documento pide respuestas sobre la elección de la empresa y el monto que para algunos es injustificado. Además, la Procuraduría ha sido la institución líder junto a la Contraloría y la Fiscalía en la revisión de contratos irregulares o excesivos en todas las regiones en el conocido bloque anticorrupción.
Sin embargo, La FM revisó la propia contratación de la Procuraduría en medio de la pandemia y nos encontramos con un contrato muy similar al que suscribió Presidencia para posicionamiento de imagen.
El proceso en el portal de contratación estatal está publicado por primera vez el 03 de marzo de este año en el que se dio aviso de la apertura del trámite para recibir ofertas y seleccionar el contratista. La última actualización del proceso que aparece vigente en la plataforma es del pasado 22 de abril en donde se da a conocer el listado de empresas que enviaron oferta.
Allí aparecen Arena Comunications Colombia, Grupo 13 sas, grupo one sas, grupo holística, sintonizar medios, y Vega Jaramillo y Asociados. Todas estas son empresas expertas en planes para impactar y posicionar imagen en medios.
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El contrato de la Procuraduría es por $ 2.400 millones de pesos hasta diciembre de este año, fecha en la que el procurador Fernando Carrillo termina su periodo constitucional. Y tiene el objetivo de seguir con el plan de fortalecimiento de la gestión institucional de la entidad.
La oferta para el contrato, que es una asesoría, tiene tres capítulos en resumen. Comunicaciones internas, comunicaciones externas y un capítulo que tiene que ver con la ley de transparencia para los ciudadanos.
Pero contiene un plan de uso de lo que llaman medios off y medios on, que son estrategias de marketing y, según dice el documento, también se busca lograr “la activación de marca y mensajes que demanden un ejercicio de continuidad para lograr su posicionamiento en la mente de los diferentes públicos de impacto”.
El documento también contempla una obligación para continuar con la difusión de la ley de transparencia con el fin de que los ciudadanos conozcan sobre su derecho a la información.
La última etapa del proceso fue publicada a finales de abril, cuando ya el país llevaba más de un mes en cuarentena total, agradeciendo a las empresas que se postularon y seleccionando las que continúan adelante luego de pasar el filtro.
Los recursos para el contrato hacen parte de un convenio tipo préstamo del BID y, según el plan de contratación, se prevé que la asesoría se firme el próximo 16 de junio a más tardar con un plazo de ejecución de solo seis meses por el valor de $ 2.400 millones.
La FM buscó desde la semana pasada a la Procuraduría y envió preguntas concretas sobre la contratación en medio de la pandemia por el coronavirus y la necesidad de priorizar gastos que ha sido ordenada por la Presidencia, a la que ahora podrá investigar el Ministerio Público por un contrato muy similar al que este último está adelantando.
La Procuraduría contestó que en efecto el plan de fortalecimiento de gestión institucional se viene desarrollando con el BID desde el 2018, y cada año se realizan los contratos que se necesiten para cumplir ese proyecto. Uno de ellos fue el de plan de medios que incluye también trabajo en redes sociales. El contrato del 2019 fue por 1.500 millones de pesos, mil millones menos que el rubro destinado para este año.
Finalmente el Ministerio Público señaló solo hasta ayer en la noche luego de las preguntas de La FM, que, debido a la pandemia, el procurador Carrillo ordenó el traslado de los recursos para el programa “transparencia para la emergencia”, pero no nos enviaron ningún comprobante de ese traslado. En el Secop y en las páginas de la Procuraduría el proceso sigue vigente y aparecen todavía las fechas para la contratación el próximo 16 de junio.
