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La Corte Constitucional deberá dirimir un choque entre la Defensa Jurídica del Estado y Dejusticia, sobre el decreto 541 que prorroga, por tres meses, el servicio militar obligatorio a quienes estén listos para terminarlo.
En conceptos enviados a la Corte, las dos organizaciones chocan en sus argumentos, en medio del estudio constitucional del decreto expedido en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19.
Mientras la Defensa Jurídica del Estado pide aprobarlo porque la incorporación de nuevo personal no fue posible dado a la pandemia y las Fuerzas Militares necesitan personas suficientes para hacer frente a las necesidades de la Nación, Dejusticia dice que el decreto no tiene relación con la pandemia.
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La Defensa Jurídica del Estado argumenta que debido a la pandemia, “no se pudieron realizar exámenes médicos de admisión a los aspirantes” y las Fuerzas Militares necesitan “mantener los 16.241 conscriptos dentro de sus filas”, para fortalecer las acciones de control militar en zonas de frontera, cascos urbanos y zona rural.
También señalan que el objetivo de prorrogar tres meses el servicio militar es “para garantizar la seguridad de la población en todo el territorio nacional”.
Sin embargo, la organización Dejusticia asegura que el decreto pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas que están a punto de cumplir con su servicio militar obligatorio.
“Prorrogar el servicio militar obligatorio implica una limitación a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de elección de profesión u oficio. También es una extensión de un riesgo continuo sobre el derecho a la vida”, dice la organización en su concepto.
También cuestiona que el decreto no tiene mayor conexidad con la emergencia sanitaria, es decir, no se complementan o el decreto no ayuda a mitigar sus efectos tanto económicos como sociales.
“Ni la imposibilidad para suplir plazas de personas que prestan el servicio militar obligatorio, ni la disminución en el pie de fuerza ni la capacitación del personal actualmente vinculado están relacionados con el fortalecimiento del sistema de salud para atender la expansión del SARS-CoV-2 o la reducción de los impactos negativos de la pandemia u otros choques externos a la economía colombiana”, se señala.
Otras organizaciones como la Defensoría del Pueblo afirman que la prorroga de los tres meses deberá regir únicamente por el término de la declaratoria de emergencia por la COVID-19.
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Mientras que la Universidad de Antioquia señala que la prorroga solamente debería aplicarse a quienes por voluntad propia deseen permanecer en las filas de las Fuerzas Militares.
“La única manera en que la medida no agrave situaciones de desigualdad preexistentes, sería que sea completamente voluntaria y esté asegurada por el ingreso en la carrera profesional, por parte del recluta que vea en las FF.MM. o en la Policía un proyecto de vida o una posibilidad laboral”, dice el concepto de la universidad.
