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La Defensoría del Pueblo advirtió que el 'Clan del Golfo' y el 'Tren de Aragua' se estarían disputando los territorios en nueve localidades de Bogotá.
La entidad precisó que en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, son zonas urbanas donde persiste la violencia.
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No obstante, estos hechos violentos se extendieron a Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
"Es preponderante que las autoridades civiles y los cuerpos de seguridad del Distrito implementen medidas efectivas de prevención, atención y protección, para los distintos tipos de poblaciones de las 22 UPZ, donde habitan alrededor de 954.000 persona en riesgo", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La entidad agregó que "la exacerbación de la violencia selectiva e indiscriminada" se ha configurado a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones.
La Defensoría señaló que los ciudadanos están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes.
En la Alerta Temprana 004 del 2024 se evidenció el control que ejercen los grupos criminales de redes de trata y explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados.
Igualmente, la entidad aseguró que se mantiene el riesgo por vinculación, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, principalmente para expendio de drogas y armas.
De acuerdo con la defensoría, esa situación desencadenó situaciones de desplazamientos forzados intraurbanos en al menos nueve localidades de Bogotá.
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"El ‘Tren de Aragua’ financia a ‘Los Satanás’, que está en guerra por el territorio contra grupos criminales vinculados a las AGC, como la ‘Oficina de San Andresito’ y ‘Los Boyacos’, entre otras estructuras locales, como ‘Los Camilos’, ‘Los Costeños’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Pereiranos’”, enfatizó Carlos Camargo.
La entidad concluyó que hay riesgo para todos los habitantes y que además existen condiciones críticas para la población socialmente estigmatizada, como recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas, que son más susceptible a ser instrumentalizados por los grupos criminales.
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