La FM en Google News
El Gobierno Nacional eliminó la exigencia de licencia de construcción en los programas de mejoramiento, autoconstrucción y construcción en sitio propio.
La decisión, tomada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, establece que en los próximos seis meses se implementará una estrategia para capacitar y certificar a los profesionales del sector, con el fin de adelantar este proceso de autogestión.
¿Qué implica la eliminación de la licencia de construcción para las remodelaciones de vivienda en Colombia?
De acuerdo con el decreto expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la certificación y autorización señaladas en el artículo 2.2.6.1.5.21 del presente decreto se otorgarán a través de profesionales que hagan parte del equipo de trabajo de la entidad.
El documento también establece que las viviendas no podrán ubicarse en zonas de riesgo no mitigable ni en zonas de protección ambiental, y deberán cumplir las condiciones estipuladas en cada convocatoria para la asignación de subsidios.
En los casos en que la vivienda sea beneficiaria de un subsidio familiar, este solo se aprobará con la carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero, junto con el registro ante los entes territoriales.
¿Cuáles son los riesgos técnicos y urbanísticos asociados al Decreto 1166 de 2025?
Esta medida ha sido criticada por algunos sectores que la consideran un retroceso institucional y advierten que podría poner en riesgo la seguridad de las familias beneficiarias.
La concejal Sandra Forero, del Partido Centro Democrático, afirmó que la eliminación de la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos “es una política sin seguridad jurídica, técnica ni urbanística”.
El Plan Nacional de Desarrollo contempla la ejecución de 400.000 mejoramientos de vivienda, de los cuales menos de 50.000 han sido entregados hasta la fecha.
En cuanto a los subsidios, estos ascienden a 31,3 millones de pesos, equivalentes a 22 salarios mínimos, lo que representa una inversión pública cercana a 12,5 billones de pesos, sin requerir licencia de construcción.
El decreto también ordena que, en un plazo máximo de seis meses, se implemente una estrategia de capacitación y certificación para los profesionales del sector. No obstante, la norma entró en vigencia el pasado 4 de noviembre.
