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La Procuraduría General de la Nación emitió un pliego de cargos contra Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, y otras 15 personas, incluyendo funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El proceso inició debido a las presuntas irregularidades en las visitas administrativas realizadas en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil el 12 de marzo de 2024 y en la Cancillería los días 14, 15 y 19 de marzo del mismo año.
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La decisión también incluyó al coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, Mario Alejandro Franco Vanegas, y al contratista José Miguel Moreno Reina, quienes participaron en ambas visitas.
El objetivo de estas visitas al parecer, era verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos contractuales de las dos entidades.
Las investigaciones revelaron que, durante las diligencias, los acusados habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de las entidades visitadas.
El organismo afirmó que esta información no correspondía al objeto de la averiguación preliminar que adelantaban y pudo haber afectado derechos fundamentales de los funcionarios.
“Las actividades probatorias desarrolladas en las visitas comprometieron el respeto y protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos, así como se pudo poner en peligro la confidencialidad, guarda del censo electoral e información institucional que nada tenía que ver con el objeto de la actuación administrativa”, dice el documento.
Por estos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de los funcionarios de la SIC, Melo Rodríguez, Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso, como una falta grave cometida a título de dolo.
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En cuanto a los contratistas involucrados, el órgano de control precisó que, tras analizar las obligaciones contractuales de cada uno, se trata de particulares en ejercicio de funciones públicas y, por ende, “son destinatarios de la ley disciplinaria”.
