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La Procuraduría General de la Nación le pidió al Consejo de Estado una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos del decreto que delimita reservas de recursos naturales temporales y establece prohibiciones para el desarrollo de actividades mineras.
Para el organismo, es pertinente que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas, se abstengan de emitir resoluciones que declaren reservas temporales hasta que el Consejo de Estado expida su pronunciamiento sobre el alcance, efectos y límites del decreto demandado.
La Procuraduría afirma que este acto administrativo fue el primer intento para establecer parámetros que permitieran señalar reservas de recursos naturales de carácter temporal, y así evitar efectos ilusorios del fallo.
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Para el delegado es importante que se aclaren los efectos del fallo, pues en caso de que el Consejo de Estado declare nulo el decreto, se generaría una confusión en las consecuencias de la decisión y, en caso de mantener firme el acto emitido por el Gobierno, debería delimitar los alcances de las decisiones respecto a reservas naturales.
La Procuraduría cuestionó que el decreto tuviera efectos inmediatos, lo que causaría que se declaren reservas naturales de manera temporal, impidiendo que se otorguen títulos mineros pese al proceso en el Consejo de Estado.
“Comenzó a producir efectos inmediatos, por lo que se podrían estar expidiendo declaratorias de reservas temporales que impidan que las autoridades mineras decidan sobre la procedencia o no del otorgamiento de títulos mineros en áreas geográficas del territorio”, afirma el organismo.
En el pronunciamiento, se resalta que estas decisiones estarían excluyendo actividades mineras por lo menos por diez años, lo que estaría generando una parálisis en el sector de exploración y explotación minera.
La entidad afirma que los títulos mineros que se hayan obtenido legalmente y sean afectados por este decreto, podrían generar que se incrementen los volúmenes de explotación ilícita de yacimiento minero y aumenten los frentes de minería ilegal.
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Frente a esto, el procurador delegado solicitó al Ministerio de Ambiente que presente el plan de acción detallado de actividades y fechas planteadas para implementar las disposiciones derivadas del mencionado decreto, detallando que la cartera ministerial deberá presentar informes mensuales en el que se expongan las áreas que a su consideración, deben ser declaradas como reservas de recursos naturales de carácter temporal.
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