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Un día después de que se celebrara la liberación de Lyan, el niño de 11 años secuestrado en zona rural de Jamundí durante 18 días, la tranquilidad volvió a romperse en la familia. Antonio Cuadros, primo del padrastro del menor y quien, según versiones preliminares, habría mediado en la entrega de dinero para lograr la liberación del niño, fue asesinado en Cali.
El personero de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza, en diálogo con LA FM, lamentó el hecho y expresó su preocupación por los múltiples interrogantes que se abren tras este nuevo episodio violento.
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“Resulta inconcebible que, el mismo día de la liberación de Lyan, estuviera con él, compartiera con su madre, y al día siguiente recibiera la llamada de que habían asesinado a Antonio Cuadros”, afirmó Mendoza. “Eso me generó asombro y muchos interrogantes que deben ser esclarecidos por las autoridades”, agregó.
El representante del Ministerio Público aseguró que siempre exigió la entrega del menor sin condiciones y que rechazó de forma contundente cualquier tipo de canje. “Un delito no se puede intercambiar por otro delito. No se puede perpetuar la criminalidad”, dijo.
Aunque se ha señalado que Antonio Cuadros habría participado en una posible transacción económica para la liberación del menor, Mendoza dijo que desde su despacho nunca tuvo conocimiento oficial de ello, y recalcó que la Defensoría del Pueblo participó en la entrega del niño junto con una mesa campesina en zona rural de Jamundí.
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“La historia que se nos contó al principio no era así. La familia sí tuvo que pagar a delincuentes para que liberaran al niño”, reconoció Mendoza, citando testimonios que escuchó en el sitio de los hechos tras el asesinato de Cuadros.
En cuanto a la intermediación durante el proceso, el personero aseguró que siempre pidió que fuera la Cruz Roja Internacional quien participara, por su neutralidad y transparencia, aunque esto finalmente no se concretó. También mencionó que la Iglesia Católica tuvo contacto a través de representantes en terreno, aunque no directamente el arzobispo.
Mendoza enfatizó que durante todo el proceso creyó en la versión de la madre del menor, Angie Bonilla, quien le manifestó que su familia era dedicada al comercio y ajena a cualquier hecho delictivo. “Desconozco antecedentes históricos que hoy están saliendo a la luz pública”, señaló.
