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Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves de que la política de 'paz total' del presidente colombiano, Gustavo Petro, ha obtenido resultados limitados para reducir los abusos contra la población civil y alertó de que los grupos armados expandieron su presencia en el país el año pasado.
"Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de 'paz total' ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil", señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025, en el que analiza lo sucedido en materia de DD.HH. el año pasado.
El mandatario asumió el poder el 7 de agosto de 2022 con la promesa de una 'paz total' que, hasta el momento, ha atravesado varios baches a pesar de que se entablaron diálogos de paz con varios grupos y se concretaron ceses al fuego con algunos de ellos.
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En ese sentido, el Gobierno está negociando el fin del conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos disidencias de las FARC, una conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la otra como Segunda Marquetalia.
Igualmente, busca el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y de otros grupos armados.
Al respecto, HRW destacó que si bien el Gobierno colombiano logró varios alto el fuego, "los preparativos y el seguimiento fueron insuficientes y en muchos casos los grupos armados no los cumplieron".
Abusos contra la población civil
La organización aseguró que grupos armados cometieron el año pasado "serios abusos contra los civiles y expandieron su presencia en el país", pues el Clan del Golfo está presente en 392 de los 1.102 municipios de Colombia, el ELN en 232 y las disidencias de las FARC en 299.
HRW también criticó a las autoridades por fallar en garantizar la seguridad efectiva de la población y el acceso a la justicia a las víctimas, además de no investigar y desmantelar los grupos armados.
Entre los abusos cometidos por estos grupos, HRW recordó que en la primera mitad de 2024, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 159 casos de reclutamiento de menores, que son "frecuentemente miembros de comunidades indígenas".
"A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades, situación conocida como 'confinamiento', entre enero y julio, lo que supone un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Persistieron los temores a las minas antipersona, las amenazas de grupos armados y los fuegos cruzados", agregó Human Rights Watch.
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En los convulsos departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, en el oeste del país, la lucha armada entre los militares y los grupos armados provocó el desplazamiento forzado de más de 34.000 personas entre enero y julio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entretanto, recibió 138 denuncias de asesinatos de líderes sociales, la mayoría de los cuales "defendían los derechos de sus comunidades".
Libertad de expresión
Por otra parte, Human Rights Watch señaló que, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas".
En ese sentido, la oficina del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó el asesinato de cinco reporteros entre enero y julio del año pasado.
"El presidente siguió utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con su Gobierno", expresó HRW.
Como ejemplo de ello puso que en septiembre, Petro emitió una "instrucción presidencial dirigida a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo para garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas" que, "sin embargo, no la cumplió durante el acto de presentación", agregó HRW.
