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Los habitantes de conjuntos residenciales suelen tener la obligación de pagar mensualmente una cuota de administración, que se destina al mantenimiento y conservación de las áreas comunes y a la prestación de servicios esenciales, como aseo y seguridad.
De tal manera que el valor de esta cuota puede verse influido por aspectos como la inflación y el salario mínimo, aunque es el consejo de copropietarios el que debe definir el monto.
No obstante, una propuesta del gobierno saliente de Gustavo Petro podría redefinir el cálculo de esta cuota, reduciendo los costos y beneficiando a millones de usuarios en todo el país.
Medida del Gobierno reduciría el costo de la cuota de administración
De acuerdo con el medio Valora Analitik, la medida del Gobierno nacional busca cambios en la contratación de los servicios de vigilancia privada en materia tarifaria.
Lo que se busca es modificar el Decreto 1070 de 2015 para establecer tarifas diferenciales para determinados sectores. Justamente, los conjuntos residenciales son uno de los potenciales beneficiarios, pero también se incluyen las instituciones educativas, las pequeñas empresas y algunas entidades públicas en municipios y departamentos con menor capacidad fiscal.
Según el proyecto, se busca un alivio económico para quienes requieren servicios de vigilancia privada y promover la formalidad dentro del sector. Por eso, se plantea una reducción en la tarifa para algunos usuarios, pasando de 9,77 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 8,98 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El documento agrega que el objetivo central es disminuir la presión financiera sobre los contratantes sin que se afecten las condiciones laborales del personal de seguridad. Además, el proyecto normativo pretende reducir el riesgo de que los usuarios recurran a servicios informales que operan sin los estándares exigidos por el marco regulatorio actual.
Estos son los conjuntos que resultarían beneficiados
Específicamente para los residentes en conjuntos de estratos 1, 2 y 3. En este caso, se eliminaría la obligación de incluir dentro de la tarifa un componente asociado a los costos de administración.
Este cambio introduce flexibilidad en la contratación: el valor de dichos rubros podrá ser negociado libremente entre las empresas de vigilancia y los consejos de administración o representantes de los conjuntos. De esta manera, las condiciones contractuales podrán ajustarse a las particularidades y requerimientos específicos de cada servicio, sin estar atadas a una tarifa fija impuesta por la norma.
Asimismo, la propuesta del Gobierno nacional busca modernizar el sector mediante una nueva metodología de cálculo, la cual divide la estructura de costos en tres pilares fundamentales:
- Costos directos: Contemplan el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y todas las obligaciones laborales del personal operativo.
- Costos indirectos: Agrupan los gastos administrativos, los procesos de supervisión y el apoyo logístico necesario para la operación.
- Seguro de vida: Incluye de forma obligatoria el costo de la póliza de vida para los trabajadores, garantizando su protección social.
Con esta reestructuración, el Gobierno pretende no solo aliviar el bolsillo de los colombianos, sino también cerrar la puerta a la informalidad, incentivando que más usuarios opten por servicios de seguridad que cumplan con todos los estándares legales vigentes.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué propone el Gobierno nacional para reducir el costo de la cuota de administración?
La propuesta busca modificar las reglas de contratación de los servicios de vigilancia privada para permitir tarifas diferenciales y disminuir los costos para algunos usuarios.¿Qué conjuntos residenciales se beneficiarían con la reducción de la cuota de administración?
La iniciativa contempla beneficios para conjuntos residenciales de estratos 1, 2 y 3, mediante cambios en la forma de calcular los costos del servicio de vigilancia.¿Cómo cambiaría el cálculo de las tarifas de vigilancia privada?
El proyecto plantea una nueva metodología basada en costos directos, costos indirectos y el seguro de vida obligatorio, con mayor flexibilidad para negociar algunos componentes.¿Qué modificación tendría el Decreto 1070 de 2015 sobre vigilancia privada?
La propuesta busca establecer tarifas diferenciales para determinados sectores, entre ellos conjuntos residenciales, instituciones educativas, pequeñas empresas y algunas entidades públicas.¿Cuál es el objetivo de la reforma a las tarifas de vigilancia privada?
La iniciativa pretende aliviar la carga económica de los usuarios, promover la formalidad en el sector y mantener las garantías laborales del personal de seguridad.
