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Un juez de la República dictó este viernes medida de aseguramiento en contra de diez concejales de Cartagena por su presunta responsabilidad en elección irregular de la contralora de la ciudad.
De acuerdo a la Fiscalía General de la Nación, los cabildantes ahora deberán responder por los delitos de cohecho y prevaricato por acción.
El ente investigador, en desarrollo de la audiencia de imputación de cargos, reveló que esta operación tuvo un costo 32 ‘libros’ por concejal que votó favorablemente, quienes después recibirán tres pagos de 7,5 ‘libros’ cada mes.
Con dos conversaciones interceptadas entre concejales durante los primeros días de enero, la Fiscalía evidenció cómo funcionaban las transacciones con ‘libros’ en Cartagena. El ente investigador, para corroborar esa hipótesis, pidió al Concejo Distrital información sobre la dotación académica de los cabildantes.
“Con el fin de establecer si a los señores concejales se les realizó un suministro de computadores, tablets, biblioteca virtuales o físicas, libros”, explicó la fiscal que lleva el proceso, quien añadió que los cabildantes no habían recibido nada en 2016.
Para la Fiscalía, las conversaciones revelan cómo el concejal Useche hacía los cálculos con libros. “Nos damos cuenta de lenguajes muy cifrados, de cálculo y sumas de dinero. Recordemos que en la comunicación con Angélica Hodeg, Jorge (Useche) le dice que se hizo el cálculo del ‘mínimo vital’, luego en la comunicación Zaith Adechine dice que le manifestaron la cifra final de primera entrega y las cifras mensuales. Ese día Jorge dice que le está explicando al presidente (del Concejo) las cifras”.
Hasta ese momento, las cifras de libros habían permanecido ocultas para el ente investigador; sin embargo, una llamada entre los concejales Erick Piña y Jorge Useche deja en evidencia esos pagos. “Ahí es donde habla de los 32 libros que se están entregando y luego dice que mensualmente siete libros y medio. Es un lenguaje cifrado que no corresponde con la temática que están tratando”.
Ante el contexto de las conversaciones y el lenguaje, la fiscal aseguró que la entidad infiere que cada libro corresponde a un millón de pesos.
