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Al despacho del gobernador de Antioquia no ha llegado la notificación del fallo del Consejo de Estado, en el cual Luis Pérez es condenado a pagar, de su propio patrimonio, 183 millones de pesos por no reintegrar a un funcionario en el 2001, cuando se desempañaba como alcalde de Medellín.
El ahora gobernador Luis Pérez, aseguró que el cargo del funcionario que no fue reintegrado, había sido suprimido. Luego que el Tribunal de Antioquia amparara en el 2001 los derechos de ese trabajador, la demora para cumplir la tutela que ordenaba reintegrarlo, se debió a que los abogados de su dependencia tardaron ocho meses estudiando el caso.
"El cargo que había dejado el funcionario había sido suprimido, los abogados empezaron a trabajar, unos decían que como no existía el cargo no había que reintegrarlo y otros decían que había crear el cargo. Como pasaron ocho meses en esa "pelotera" entre abogados, se acumuló un salario del funcionario. Esos son los precios que le toca a uno por estar en el Estado".
Luis Pérez aseguró que estará atento a la notificación del máximo órgano de la justicia administrativa, para cancelar la suma que se supone debe pagarle a la Nación, ya que el Estado ya había indemnizado al funcionario demandante.
La condena al gobernador de Antioquia, 15 años después de los hechos, tiene que ver con 18 recursos de acciones de repetición, con los cuales el Consejo de Estado pretende recuperar 7 mil millones de pesos, por condenas relacionadas con irregularidades en contratación administrativa y vulneración a los derechos humanos.
